José Manuel Calvente, antiguo coordinador de los abogados de Podemos y responsable de la protección de datos en el partido, se ha convertido en el principal testigo de cargo contra las presuntas corruptelas de Podemos. ¿Qué alimenta ese odio, o mejor, ese despecho. Calvente fue acusado por Iglesias y su sanedrín de acoso, agresión sexual, hostigamiento y coacciones a la letrada de Podemos, Marta Flor Núñez. Se trata de la misma abogada que presumía de tener relaciones íntimas con el fiscal Ignacio Stampa, del que obtuvo ventajas para Podemos en el procedimiento por el hurto del móvil de Dina Bousselham. Un juzgado archivó las acusaciones de acoso y agresión sexual . Las acusaciones eran falsas y Calvente fue absuelto el 29 de julio de 2020. La absolución forjó a un enemigo eterno cuña de la misma madera.
Podemos pretendió destruir a Calvente (Valencia, 1983) y éste se convirtió en la astilla de la misma madera, dispuesto a todo. Calvente les persiguió en lo penal con Neurona y el caso Dina: por lo civil cuestionando los micro-créditos e incluso llevó su despido al Juzgado social 10 de Madrid. Allí obtuvo sentencia favorable como “despido improcedente”. Le tuvieron que indemnizar (octubre 2020), pero aun quedan astillas pendientes en ese capítulo.
La venganza de José Manuel Calvente por los agravios de sus antes empleadores, fue poner en marcha el caso Neurona y sentarse a escuchar el “Tic. Tac” contra la cúpula del partido morado por supuestos delitos de malversación y administración desleal.
El “caso Neurona” comenzó en julio del 2020 y ha tenido cinco diferentes lineas de trabajo, cuatro de ellas se cerraron por falta de indicios suficientes, como la que acusaba a la cúpula por cobro de sobresueldos. La linea sujeta a investigación – reabierta por decisión de la Audiencia provincial– tiene que ver con la contratación de la consultora mexicana Neurona.
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, apreció indicios de delito tras examinar los gastos electorales. Y el magistrado comenzó a bucear en un contrato bajo sospecha de Podemos con esta consultora. El juez instructor, Juan José Escalonilla, encomendó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que revisara las cuentas de Podemos, con especial detalle en los fondos usados en las elecciones generales de abril del 2019.
El informe de la UDEF comprobó si los trabajos que Podemos entregó al juzgado como producidos por Neurona, encajan. Una treintena de ellos presentan disparidades en su fecha de creación y/o modificación; problemas de autoría: de contenido o de disconformidad con lo pactado según contrato. Algunos autores son de Podemos y no tienen relación con Neurona. En otros, los metadatos revelan que no eran trabajos relacionados con las elecciones en cuestión.
Los autos acreditan que, en febrero del 2019 los responsables de Podemos redactaron un borrador de prestación de servicios con Neurona Comunidad, filial española que se constituyó en marzo siguiente. La empresa se comprometía a desarrollar productos audiovisuales y anuncios para los morados por 363.000 euros, con IVA.
La entrega se hizo efectiva, aunque desde el Tribunal de Cuentas se puso la lupa en una serie de incongruencias, pues ni cuadran las fechas de la redacción, la firma y las facturas, ni la constitución ad hoc de la empresa en España que ejecutó, supuestamente, los servicios contratados. Un desfase que llevó al juez a calificar de “simulado” el contrato y que supuso que abriera las sospechas no solo al delito electoral, sino también a la presunta financiación ilegal del partido.
De los 363.000 euros pagados por Podemos, unos 308.000 viajaron a México a una empresa llamada Creative Advice Interactive, subcontratada para la prestación efectiva de los trabajos. Algo del todo insólito.
En los 10 meses de causa judicial, además del contrato con Neurona se investiga la llamada caja de solidaridad. Esta ramificación fue reabierta por la Audiencia de Madrid en febrero y presume el presunto desvío de dinero del fondo, al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. Según Calvente, se utilizaron 50.000 euros de esa caja para pagar a los elegidos de Podemos. La Audiencia expone que Podemos no informó si concedió esa cantidad a #404 Comunicación Popular.
La Audiencia de Madrid, en el mismo auto que mantenía a Podemos como investigado, ya urgió al instructor a que acotase el delito o delitos que cabe imputar a los acusados y evitar así que la causa se prolongue “innecesariamente”.
Otras de las mezquindades de los que Iglesias tendrá que defenderse pronto es la investigación en el mismo juzgado a propósito de si cobraba las costas de procedimientos judiciales en los que fue defendido por letrados del partido.
El móvil de Dina
Para comprender la inquina insaciable de Calvente a Podemos, hay que transitar por la revueltas aguas del caso Dina. Y eso exige una reflexión previa: el caso Dina vale por lo que nos ha permitido saber, más que por lo que pueda derivar en el ámbito penal. Especialmente cuando la principal perjudicada, Dina Bousselham, no quiere denunciar a Iglesias por haber retenido, sin consentimiento la tarjeta de su móvil y/o por habérsela entregado inservible.
Hemos sabido que la joven de origen marroquí, Dina Bousselham “fue muchísimo tiempo, mi secretaria en el Parlamento europeo”, según admitió Iglesias a preguntas del instructor en la Audiencia Nacional. También que estaba en un grupo de amigos personales de Iglesias, es decir junto a la cúpula del partido. Y también aprendimos que la joven cobró de fuentes oficiales marroquíes para divulgar los avances del feminismo marroquí en Madrid. Tenía veintipocos años y su contratación –como experta de panel– parecía un poco extraña. Sin embargo encaja con que el padre de Dina trabaje en el aparato de seguridad del Rey de Marruecos. De hecho, en Podemos hay algunos dirigentes escandalizados por el giro de la formación morada respecto a la causa del Frente Polisario y atribuyen el cambio de alianzas a la influencia de Dina Bousselham.
El propio Iglesias explicó ante el juez que “durante 2015, es verdad que nos atribuyeron una relación”. La joven y su posterior pareja (“Ricardo, un compañero del partido”, según Iglesias) denunciaron el robo del móvil de Dina en un centro comercial de Alcorcón. El juez que interrogó a Iglesias le explica que el móvil fue hallado en casa del comisario de policía, José Manuel Villarejo en registros relacionados con otros casos. Iglesias declaró que el presidente de Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbach, le citó personalmente en su oficina para ver juntos el contenido de una tarjeta SIM porque pensó que contenían “fotos íntimas de tu pareja”, según le dijo Asensio (20 enero de 2016). Las vieron en el despacho del editor, Iglesias afirma que le aclaró que la de las fotos no era su pareja. Sin embargo, muy solidario, Asensio le entregó la tarjeta a él y no a su legítima propietaria ¿Había fotos de Iglesias también en esa intimidad asaltada? El líder de Podemos se quedó la tarjeta. Pasó cerca de un año hasta que Iglesias se la devolvió a su propietaria. Se la devolvió, pero inutilizada. Dina y su pareja, Ricardo, acudieron a una firma top en el Reino Unido para recuperar los contenidos. Iglesias justifica haberse quedado la tarjeta casi un año “por proteger a la chica”.
La explicación judicial de Iglesias nos lleva a que supo que la tarjeta estaba siendo utilizada contra él porque aparecieron fotos y un mensaje suyo “una broma muy desagradable”, dijo al juez. Se refería a cuando –en tono machuno– dijo que le gustaría “azotar, hasta hacerla sangrar” a la periodista Mariló Montero. Dina guardó ese mensaje privado y, tiempo después, apareció en los medios. También apareció alguna foto de las que Dina guardaba en su móvil, aunque es muy conocido que las fotos más comprometedoras de las andenazas de Dina no han salido a la luz..
Peripecia de los fiscales
La Inspección Fiscal investigó las actuaciones de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano fiscales del caso Tándem, sobre las andanzas el ex comisario Villarejo, por supuestas filtraciones de los fiscales en un caso secreto, incluso antes de la apertura de la investigación del juez Manuel García-Castellón a propósito del supuesto robo del móvil a una de las colaboradoras del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los fiscales colaboraron con la acusación de Podemos, orientaron las diligencias que pedían los abogados de Podemos, con Marta Flor al frente. Esta abogada presumía dentro de la formación morada de su “relación” con Stampa. El testigo de cargo José Manuel Calvente se opuso -como letrado en Podemos- a los manejos de Marta Flor con el fiscal y la apartó del caso contra Villarejo. Eso marcó su desgracia.
Los fiscales adscritos mantuvieron reuniones con los abogados de Podemos para concertar con ellos como favorecer a Podemos. Stampa y Serrano les recomendaban estrategias para lograr el avance de sus propuestas. Ejemplo, hacer que le entraran «por los ojos» al instructor (sic) y que se difundieran «fortuitamente» a los medios de comunicación. Entre los mensajes de los abogados a la cúpula de Podemos se alardea de que los fiscales les sugerían retoques a sus escritos para colar al juez «con mantequilla» (sic) sus tesis. Los letrados podemitas pedían a los fiscales que fueran suaves con Baltasar Garzón. Este episodio le costó a Stampa ser apartado de la Fiscalía de élite.
Tras la “peripecia con los fiscales” el juez del caso cambió, el tan solícito con Iglesias (le proponía ejercer como perjudicado) acabó por negarle el papel de víctima y por pedir que le investiguen en el Supremo por presuntos delitos de daños informáticos, descubrimiento de secretos, denuncia falsa y simulación de delito. Lo más probable es que todo ello decaiga ya que Dina Bousselham, amiga y secretaria, tiene manifestado que no actuará contra el líder de Podemos. A sus 30 años es directora de La Última hora, medio digital financiado por los morados.
Lo importante es que el juez se dio cuenta de la maniobra de presentarse como víctimas y utilizar mediáticamente a la justicia, siendo que usurpar la tarjeta de Dina es un procedimiento delictivo, lo haga Iglesias o el ex comisario Villarejo.
Casos graves
Las pulsiones violentas de Unidas Podemos y su gente les darán muchos disgustos en los Tribunales. Algunas son anteriores a su paso por la política otras como las agresiones a los de Vox en Vallecas o Navalcarnero, son rabiosamente recientes.
Como siempre hay que contextualizar este rasgo de Podemos con lo que inspira su “líder carismático”. “ Tengo que reconocer que me ha emocionado, cuando veo que unos jóvenes manifestantes agreden a unos antidisturbios, porque se la estaban jugando. No es agradable ver agresiones… pero es que la rabia crece entre la gente, hasta el punto de jugarse la integridad física, atreviéndose con un funcionario público, entrenado y que lleva un arma de fuego, un casco… Algo está pasando en la sociedad” (Iglesias en La Tuerka, 28 septiembre de 2012). De ahí venimos…
En breve, el Supremo tendrá que decidir el futuro de Alberto Rodríguez, actual miembro de la Mesa del Congreso que se abrazó a la inmunidad del cargo, que rechaza Podemos para evitar ser juzgado en Canarias por haber pateado a un policía nacional (ver articulo en este mismo medio). El odiado aforamiento fue lo primero a lo que el rastas canario echó mano una vez fue elegido diputado.
El otro asunto afecta a la hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra. Al ser aforada, su caso fue visto en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC), contrariamente a lo que predican los morados. El TSJM la condenó a un año y siete meses de prisión un delito de atentado al considerarla culpable de haber insultado, empujado y tratado de agredir arrojando objetos a policías que actuaban en un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid (2014). Su mayor crueldad fue con una mujer agente de la policía municipal a la que llamó: “puta, zorra, cocainomana, hija de puta” y le reprochó: “que te follas a todos los policías municipales” un comentario como poco machista, si hubiera salido de la boca de un político del PP.
En fin, una conducta impropia de una diputada de la Asamblea de Madrid Isa Serra fue también condenada por un delito leve de lesiones a una multa de 1.200 euros y por un delito de daños a otra multa de 1.200 euros. También deberá indemnizar a dos policías con abonos de 4.850 y 400 euros, respectivamente (sentencia número 66/2020 TSJM). Isa Serra recurrió la sentencia al Supremo (agosto 2020) y si éste la confirma, será inhabilitada para cargo público una buena temporada.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique y el secretario de Comunicación de los morados, Juanma Del Olmo. fueron condenados por intromisión en el honor de un hombre. Se les impuso el deber de retractarse y una condena de 80.000 euros como indemnización a los reclamantes. Todo arranca cuando, en una rueda de prensa en 2019, al hacerse público que la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, había sido condenada, junto a otras dos personas, por el asesinato de Manuel López (septiembre de 1985). Echenique y del Olmo sostuvieron que el móvil del crimen fue una violación de Baeza, cometida por Manuel López. La familia del fallecido les llevó a los tribunales y obtuvo su condena porque ese delito no quedó probado y causaba daños morales a alguien que no se podía defender.
Sin embargo, la pelea judicial más tóxica para el prestigio de Echenique tuvo lugar después de que un Juzgado de lo Social de Zaragoza le condenara por la contratación ilegal de un asistente, tras demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social que tuvo conocimiento de una relación laboral especial por cuenta ajena entre Echenique y ese trabajador, llamado “Eduardo”. El problema coleaba desde 2016, pero el rosarino no lo resolvía. Esto es no le compensaba para zanjar el problema. El portavoz en el Congreso decidió, en octubre de 2020, desistir de un recurso de casación ante el Supremo. Por lo tanto, quedaba condenado en firme a pagar 11.040 euros por la contratación irregular del asistente doméstico (10.000 de multa y 1.040 de intereses). El asunto judicial planteaba una relación del portavoz con un empleado de hogar, digna de un marqués casposo.
En parecido orden de cosas, Jesús Santos es el líder de Podemos en Madrid y ocupaba el número seis de la lista de Iglesias al “4-M” madrileño, acumula –en un año- tres condenas por “despido improcedente” en la empresa pública de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) que preside como segundo teniente de alcalde. Santos ha contratado varias veces a detectives para espiar a los trabajadores discapacitados cuando están de baja laboral. Jesús Santos descubrió espiando a una empleada que hacia la compra estando de baja. A otro trabajador, de baja por ciática, le pillaron conduciendo el coche de empresa de su esposa. En total estos despidos improcedentes han costado 174.790 euros a ESMASA, además del reproche de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) que acusa a Santos de “acosar a los discapacitados”. Uno de los afectados, R.R.R., afirma que Santos persigue a todos aquellos empleados de ESMASA que no son afines ideológicamente a Podemos.
Por último, la senadora de Podemos por Tarragona Celia Cánovas denunció ante el Juzgado número 42 de Madrid que sus donaciones al partido, unos 25.000 euros fueron inflados para blanquear otras donaciones en lo que considera malversación de los fondos del partido, contrarias al código ético de la formación. Estamos hablando de un presunto método de blanqueo de dinero inconfesable. La senadora entre 2015 y 2019, es abogada y denunció haber sufrido bullying en la formación por reclamar conocer el destino de sus donaciones. Naturalmente fue purgada.
Defendiendo privilegios
Además de disponer de una unidad de élite de la Guardia Civil apostada en los alrededores del casoplón de Galapagar, sus titulares fueron implacables con los vecinos que acudían allí para mostrar su disconformidad con la gestión de la pandemia que hacía el Gobierno Sánchez-Iglesias. Denunciaron por “acoso sistemático” a dos mujeres que acabaron siendo condenadas en febrero a pagar 2.160 euros de multa (6 euros por día durante 6 meses) por “desobediencia leve” a la Guardia Civil. Se trata de madre e hija, Ascensión (56 años) y Ana Isabel (34) que circulaban en coche se enfrentaron a los agentes y que mantuvieron que “no había cordón policial”. El juzgado sentenciador (Penal núm. 17 de Madrid) absolvió a la hija de haber dado patadas desde el suelo a un agente, tras haber recibido otras varias del agente, cuando se hallaba en el suelo “accidentalmente”. Las condenadas no tenían antecedentes. Ante el tribunal se revisó también que una de ellas diese golpecitos con su móvil en el pecho de un agente de élite.
Días después el juzgado penal 14 de Madrid condenaba a siete meses de prisión a Francisco Zugasti “por insultar y golpear a un agente de la Guardia Civil (delito de atentado sin lesiones) cuando fue detenido por comer un roscón con chocolate, el 30 de diciembre, en la vía pública y frente al chalet de Iglesias y Montero. Zugasti tampoco tenía antecedentes pero se enfrentó a una petición fiscal de un año y 8 meses de cárcel. La denuncia de la pareja gubernamental pedía más pena y no deja de ser paradójico para unos políticos que defendían el escrache como jarabe democrático para líderes del PP o para Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.
En noviembre del 2020, el juez de Collado Villalba imponía al ciudadano Miguel Ángel Frontera una orden de alejamiento de al menos 500 metros del chalé, por participar en las caceroladas que allí tenían lugar casi todos los días.
Xavier Horcajo