Los historiadores del futuro explicarán con curiosidad que en la Cataluña de comienzos del siglo XXI había unos políticos que planeaban independizarse de España y seguir comerciando con ella, que se mimetizaban socialmente con las elites, pero en sus discursos siempre invocaban al “poble” (“pueblo”), que predicaban austeridad a su electorado y cultivaban la agenda para un día lucrarse en negocios particulares. Estas contradicciones existenciales abundaban entre los cachorros de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que de la mano de Jordi Pujol había gobernado la comunidad autónoma durante más de veinte años. Se habían formado en buenas escuelas de negocios, manejaban con soltura el inglés y aspiraban a dar el salto desde sus comarcas rurales al organigrama de la Generalitat, donde esperaban aplicar la política «bussines friendly» que aprendieron poco antes de que todo estallara.
Sant Cugat del Vallés, una de las principales ciudades españolas en renta, el edén de la Cataluña ideal soñada por el pujolismo, funcionaba como el laboratorio de estos “millenials” de la política. Era una ciudad casi nueva, que se había conservado pura y decente como una pubilla, sin fábricas ni corrientes migratorias que la desfavorecieran, con la barrera natural del Tibidabo protegiéndola de los males de la gran ciudad. El partido socialista cometió la descortesía de ganar las dos primeras elecciones democráticas pero, como me indica un periodista residente unos años en Sant Cugat, “los socialistas diseñaron una ciudad dormitorio pequeñoburguesa y al verse superados por el éxito, la sirvieron en bandeja a la derecha”. Convergència i Unió accedió a la alcaldía en 1987 y aceleró las recalificaciones del mucho suelo disponible, obtuvo financiación de la Generalitat para grandes equipamientos y captó a numerosas multinacionales ofreciéndoles oficinas a bajo precio y facilidades administrativas. Un aluvión de barceloneses se empadronaron en Sant Cugat atraídos por la calidad de vida y las rápidas comunicaciones con la capital excepto cuando la conocida promotora Núñez y Navarro obtuvo la promesa del ayuntamiento de edificar en el bonito paraje de Torra Negra, lo que fue frenado por la gran resistencia vecinal, el aumento demográfico no fue especialmente traumático.
El alcalde Aymerich era el modelo de convergente que reconciliaba a las clases emergentes con el franquismo sociológico, pero quien diseñaría el Sant Cugat del futuro fue el teniente de alcalde y regidor urbanístico Àngel Llasera Roig. Los hermanos Contreras, unos contratistas que se consideraron estafados en la parcelación que se hizo de los terrenos de Can Mates, supuestamente para favorecer a la química Boehringer, emprendieron una campaña de querellas y denuncias periodísticas contra el ayuntamiento. Lo acusaban de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, permutas inverosímiles y cualquier irregularidad que contemplara el código penal. En su relato, desatendido por la justicia, no faltaba la aparición fugaz de Jordi Pujol Ferrusola como un hombre bueno, pero no desinteresado, que se ofrecía a resolver las diferencias. Los santcugatenses daban palmaditas a los Contreras en privado, hojeaban a hurtadillas sus revistas, los elogiaban por haberse atrevido a desafiar al poder y, naturalmente, seguían votando a Convergència.
Con el cambio de siglo el relevo de Aymerich lo tomó Lluís Recoder, que como alcalde fue un precursor de Artur Mas en su mejor versión, un tecnócrata con sentimientos. Demasiado sólido para la vieja guardia, demasiado tibio para los jóvenes “talibanes” independentistas, apartó a un segundo plano al marrullero Llasera y entregó el cartapacio a Joan Franquesa, propietario de una cantera y por tanto avezado en temas urbanísticos. Se proyectaron nuevos barrios que, al estallar la crisis económica, se convirtieron en barrios fantasma que costaría dinamizar. Como CDC ya no mandaba en la Generalitat y tampoco gestionaba grandes municipios, Sant Cugat devino una especie de escuela de posgrado para los nuevos cuadros convergentes, no sin escepticismo de los fontaneros de la casa. El efímero gerente Jordi Turull, un “aparatchik” de Parets del Vallès con ambiciones algo infundadas, fue apodado por los funcionarios “H2O” por lo insípido de sus aportaciones.
Las investigaciones judiciales apuntan a que otra de las funciones del consistorio era mantener atareados a los constructores, a cambio de donaciones para el partido. En 2006 la empresa municipal Promusa impulsó un bloque de viviendas sociales en Volpelleres, uno de los barrios aún a medio hacer, erigido entre viejas masías agrícolas (en una curiosa reescritura de la historia, el nomenclátor rinde culto a los rabassaires o aparceros locales). La obra fue ejecutada por Teysa, la empresa de la familia Sumarroca, históricamente vinculada al pujolismo, y costó 4’65 millones de euros; al poco tiempo Teyco donó 143.800 euros (el 3’09%) a fundaciones convergentes. Pero, cuando en verano de 2017, los agentes e informáticos de la guardia civil se presentaron en las oficinas de la plaza de la Vila para requisar el papeleo del edificio, con las cámaras de televisión convocadas para la ocasión, no sabían que Teyco ni siquiera había ganado el concurso. El ganador había sido Construcciones Bruesa, que quebró y entró en concurso de acreedores, y la obra pasó a Teyco. Extraña forma de favorecer a un amigo, darle de rebote un proyecto, pero el bloque de la plaza de los Rabassaires podía ser revelador del espíritu del urbanismo municipal por otros motivos.
«Yo tuve un local en los bajos del edificio -accede a hablar uno de los pocos empresarios instalados en Volpelleres- y el acabado de los materiales, el mantenimiento, eran pésimos. Teníamos filtraciones y uno que montó un bar tuvo también que irse por problemas de ventilación. Me dijeron que el personal que hizo la obra, de Pakistán y otros países, era poco cualificado». La fachada pobre y grisácea, digna del realismo socialista, sorprende en un barrio que se pretende residencial de alto standing, y contrasta con las complejas estructuras de hormigón y las hileras de pinos y cipreses derrochados en la cercana carretera de circunvalación que conecta el barrio con la nada. «Da la sensación de que sabían que al retirarse Pujol perderían el poder y que pidieron dinero a la Generalitat para gastarlo porque sí -comenta otro comerciante de la zona-. Esa circunvalación fue un simulacro. Se suponía que su función era descongestionar el tráfico, pero los camiones no pueden pasar por allí. Eran unos terrenos rústicos y, una vez construída la carretera, empezaron a hacer pasos, bordillos y viviendas”.
Puede obtenerse una fotografía rápida del despilfarro, por no decir mala praxis, del urbanismo de la etapa Recoder, poniendo el objetivo sobre las instalaciones deportivas. La primera instantánea data de la primavera de 2002, cuando el ayuntamiento aprobó construir un pabellón deportivo en la Rambla del Celler. Al poco tiempo de adjudicarse las obras a Ferrovial, el icono de la corrupción Félix Millet escribió a un directivo de la constructora -según revelaría la instrucción del caso Palau- para reclamar, casi a modo de impuesto revolucionario, el 4% de lo presupuestado. ¿Las obras adjudicadas en Sant Cugat formaban parte del sistema de blanqueo de dinero convergente en el Palau de la Música o en este caso Millet actuaba como un francotirador con las antenas bien orientadas que intentaba sacar tajada de cualquier contratista que trabajase para las administraciones catalanas? El hecho de que uno de los asesores jurídicos del ayuntamiento fuese un sobrino suyo, Francisco Javier Bañó Millet, nos hace inclinarnos por esta segunda opción. “Bañó era un alto funcionario que llevaba contratos laborales y lo fueron apartando por sus chanchullos”, nos comenta una fuente del ayuntamiento. “Pero cuando hace un par de años se jubilaron el secretario general y algún otro cargo, lo repescaron como responsable de los servicios jurídicos y él aprovechó para colar una adjudicación de medio millón de euros a Ramon Grau, el dueño de la revista «Tot Sant Cugat», que más tarde fue revocada”. Al margen de la irregularidad del trámite, el asunto movilizó a la oposición porque Grau había sido socio de Puigdemont y tenía contratada a la mujer de este, Marcela Topor.
La segunda instantánea es de 2008, cuando ya hacía tiempo que el área deportiva era dirigida por Xavier Codina, entonces marido de Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga y actual “consellera” de Presidencia en la órbita de Puigdemont. La construcción de un polideportivo en el barrio de Mirasol fue adjudicada a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que encabezaba Construcciones Pai. Así como es difícil establecer la correspondencia entre las numerosas obras adjudicadas a una empresa y el pago de mordidas, en el caso de una UTE resolver la ecuación es más fácil para jueces y fiscales. La obra costaba 4’9 millones y la constructora pagó 134.000 euros (un 2’8%) a las fundaciones convergentes. Para alimentar aún más la polémica, el proyecto, que desde el principio fue considerado desmesurado por la oposición, no pudo llevarse a cabo porque la constructora pasaba por dificultades y paralizó las obras. Un incomprensible error burocrático hizo que Construcciones Pai, poco después extinguida, quedara exenta de pagar al municipio 167.000 euros por incumplimiento de contrato. “Convergència cobró el 3% por una obra en Sant Cugat que no se ejecutó” resumió un titular la edición catalana de “El País”.
Por entonces se había inaugurado una pista de atletismo en un complejo deportivo que, desde 2004, ya venía funcionando en el sector de la Guinardera. El proyecto fue realizado por la empresa de la familia Sumarroca y, aunque esta vez no se detectaron donaciones, la oposición encontró un sobrecoste de 126.000 euros, que el ayuntamiento atribuyó al material empleado para compactar los terrenos. Por más que los informes del Instituto Catalán de Geotécnica no mencionaban la existencia de blandones, el ayuntamiento rechazó, por su coste económico, una propuesta de la CUP para realizar unos sondeos que comprobasen si se habían aplicado tales rellenos. Un empresario del sector de áridos conocedor del terreno, nos asegura que no presentaba problemas de compactación y añade que es posible realizar un sondeo fiable por 3.000 euros. La última instantánea muestra una pista de atletismo que permanece desértica, salvo cuando el club de rugby local juega en el césped central, lo que sugiere dudas sobre la utilidad de la instalación. “El entrenamiento intensivo de atletismo necesita de una pista muy blanda, para evitar riesgos de lesiones. La pista de la Guinardera es demasiado dura, solo sirve para competición. En el Centro de Alto Rendimiento tenemos una pista mucho mejor para entrenar”, comentan en el cercano CAR de Sant Cugat.
La política urbanística del municipio se asentaba sobre arenas movedizas (la trama del 3% aún está siendo investigada y no puede predecirse el desenlace), pero el tándem formado por Recoder y su regidora Mercè Conesa parecía llamado a altas misiones. En 2010 Recoder fue nombrado “conseller” de territorio y sostenibilidad por Artur Mas y traspasó la alcaldía a Conesa. Sin embargo, el fracaso en la privatización de Aigües Ter Llobregat, en un momento en que la Generalitat necesitaba ingresos de forma apremiante, cortaron en seco el ascenso de Recoder; y quienes harían auténtica carrera serían algunos jóvenes del partido. A la sombra de Mercè Conesa velarían armas hasta tres “consellers” del actual gobierno catalán: Jordi Puigneró, Damià Calvet y Àngels Ponsa. Su radicalismo independentista les permitió ganarse la confianza de Puigdemont, lo que también consiguieron otros curiosos personajes ligados a Sant Cugat como Clara Ponsatí, conocida por sus salidas de tono ya en la agrupación local del PDeCAT, o el historiador Josep Lluís Alay, comisario del monasterio de Sant Cugat antes de ser asesor de confianza del ex presidente prófugo.
Dicen que los jóvenes repiten lo que han visto hacer en sus casas. Un aserto válido para los hijos biológicos y, tal vez, para los herederos políticos. Las sombras de corrupción que se extienden sobre Sant Cugat tal vez no deriven en responsabilidades penales, pero son preocupantes porque la ciudad ha sido un banco de pruebas para algunos aspirantes a gobernar en Cataluña. De todas las vocaciones políticas, sin duda la más sólida es la de Damià Calvet, a quien nuestro contacto en el ayuntamiento describe como un “tipo pragmático, arquitecto técnico de formación, con capacidad para asimilar conceptos nuevos y hacerlos suyos. Es un poco duro en el trato, pero cuando se le rebate con argumentos tampoco es para tanto. Su radicalismo identitario es producto de la amistad con Josep Rull, que le precedió como “conseller” de territorio y sostenibilidad mientras Calvet dirigía el Incasol (Instituto catalán del suelo). Es consciente de que no puede disentir de los radicales que ahora dominan en la derecha independentista, porque ya sabemos lo que le pasó a Mercè Conesa, que cuando se enfrentó a Puigdemont tuvo que dejar la política y prefirió la presidencia del puerto de Barcelona. Por lo menos no ha colocado a sus antiguas novias en la “conselleria”, como sí ha hecho Puigneró”. Nuestro interlocutor espera que Calvet pueda desmarcarse discretamente de Puigdemont. Un ramal en la circunvalación de Sant Cugat no le vendría mal.