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Corrupción sin ideología: Vida y Milagros de Eugenio Calabuig

La meteórica carrera de Eugenio Calabuig hasta convertirse en el amo y señor del agua en la comunidad valenciana, suele atribuirse a dos factores. Por un lado, a su parentesco con la influyente familia Gimeno, ligada tradicionalmente al suministro de agua potable a Castellón de la Plana, y por otro a sus conexiones con el Partido Popular. En la localidad de Oropesa de Mar, donde Calabuig un día promovería una urbanización de lujo (Costa Bellver), habría conseguido a finales de los años 90 el aval de la corte aznarista para convertirse en el niño mimado del “capitalismo de amiguetes” valenciano. Contaba para ello, además de con el pedigrí familiar de sus primos de Castellón, con las simpatías de Carlos Fabra, cuestión de estilo, y el Opus Dei. Ese coctel tan “Borgia” llamó la atención de poderosos grupos económicos e industriales valencianos.

Calabuig fue el elegido de un plan que consistía en poner el Banco de Valencia, buque insignia de la burguesía local, al servicio de la operación por el control de Aguas de Valencia. Zaplana quería privatizar la gestión de Egevasa -la compañía pública encargada de gestionar el ciclo hidráulico de los municipios de la provincia valenciana-, y no estaba dispuesto a que un mercado transparente le dijera como. Pujaban por adquirir esta compañía los dos bandos en combate dentro del accionariado de Aguas de Valencia: la multinacional francesa Bouygues y una UTE formada por constructores y financieros valencianos (Vaimosa). La concesión estaba reservada de antemano a esta última y consolidó al grupo valenciano en el seno de Aguas. Entre los socios estaba el constructor Enrique Gimeno, pero el tapado de la operación era su primo (y antiguo empleado) Eugenio Calabuig, quien en 1999 entró en el consejo de administración de Aguas de Valencia. Tres años antes había constituido Fomento Urbano de Castellón (FUCSA), un nombre que denotaba sinergias con la venerable matriz de los Gimeno (FACSA o Sociedad de Fomento Agrícola de Castellón), y que enseguida contó con la protección del Padrino Carlos Fabra. En 2003 ambos primos compartieron intereses en Urbanizadora Torremar SA, que operaba en Benicàssim.

En 2001 se constituyó la empresa Desarrollo Industrial de Villarreal SRL, en la que Calabuig y Manuel José Parra Soriano compartían consejo de administración. Manuel José y su hermano Fernando eran sobrinos de José Soriano, el fundador de la multinacional de cerámica Porcelanosa, cuyo milagro económico es inseparable del boom de la construcción en la costa levantina. Los hermanos Parra Soriano volverían a coincidir con Calabuig en empresas como Desarrollos Urbanísticos Globales, Promociones El Monte SA o Servicios Aeronáuticos Costa de Azahar SL. En general estas empresas no obtuvieron beneficios, por coincidir con el estallido de la burbuja inmobiliaria, y la mayoría acabaron en concursos de acreedores, pero la amalgama de apellidos ilustres garantizaba las líneas de crédito. Un caso paradigmático fue Casa Amiga Promoresidencial, creada en 2003 y que a finales de 2011 adeudaba 28,6 millones a Bancaja y 21,5 al Banco de Valencia, en ambos casos garantizados con bienes inmuebles. La empresa desarrolló proyectos en la localidad castellonense de Moncófar (Porto di Sorrento y Porto Venere), en el Pirineo aragonés (la urbanización Residencial Massana en Alcalá de la Selva) y en el Algarve.

La crisis ralentizó las ventas y disminuyó el atractivo de las promociones urbanísticas. El 23 de julio de 2013 la sala primera del Tribunal Supremo dictó una sentencia favorable a un comprador de una vivienda en la urbanización Costa di Sorrento de Moncófar, quien alegó que se había dejado tentar por anuncios y folletos que aludían a un puerto deportivo y un campo de golf inexistentes, mediante fotomontajes e imágenes virtuales. Estos equipamientos no pasaban de ser planes municipales, paralizados administrativamente desde el año 2008. Calabuig optó por batirse en retirada de algunas de las promociones, aunque los hermanos Parra Soriano mantienen su presencia  en Moncofa Bel Nord SL., en la que participa el antiguo presidente del Valencia Club de Fútbol y hermano del propietario de Mercadona, Paco Roig. Algo parecido sucedió en Benicàssim, donde en colaboración con la importante constructora  local LUBASA, Calabuig puso en funcionamiento en 2010 la empresa Desarrollos Urbanos de Benicàssim (DEURBESA); obtuvo la concesión de la futura Ciudad del Ocio, pero en 2014 el ayuntamiento consideró que no había cumplido con los plazos de ejecución y le retiró la licencia.

Calabuig y sus hermanos habían ganado posiciones en Aguas de Valencia, gracias a la aparente facilidad con que obtenían créditos bancarios del Banco de Valencia, que se hundía con la misma naturalidad con la que fluían esos créditos. Pero como no hay mentira que cien años dure, en noviembre de 2012, el juez Pedraz embargó cautelarmente el 7,9% del capital de AGVAL, la instrumental de Calabuig, lo que suponía reducir del 50 al 42% su participación accionarial en Aguas de Valencia. El principal indicio del juego de trileros realizado entre el banco y los negocios de sus accionistas es un crédito de 50 millones de euros que Calabuig recibió del banco para hacer frente a una opa de Agbar sobre la compañía de aguas, y que el empresario se gastó en la compra de terrenos en Oropesa de Mar. Como muestra de las connivencias con los gestores bancarios Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, Calabuig llegó a coincidir con ellos en la inmobiliaria Capital Residencial, y les ofreció plusvalías por sus inversiones hoteleras en Portugal, lo que vulneraba todas las normas bancarias. Otro indicativo de la compenetración de Calabuig con estos directivos es que, en las diligencias practicadas por el Juzgado de instrucción nº 3 de Madrid investigando a Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, aparecieron empresas con participación de Calabuig y los hermanos Parra Soriano que eran empleadas para crear estructuras societarias opacas (la inmobiliaria Bavacun) o que en una cuenta en el banco andorrano Anbank de la que Calabuig era uno de los titulares, los bancarios ingresaban sus comisiones por las gestiones a clientes compartidos entre ambas entidades financieras, lo que se consideró indicio de blanqueo de capitales

Tampoco resultaba demasiado edificante que la empresa semipública Egevasa, que acabaría siendo absorbida por Aguas de Valencia, subcontratase para trabajos de mantenimientos a empresas particulares de Calabuig.

Apabankval, la sociedad de pequeños accionistas del Banco de Valencia (representada por el abogado Diego Muñoz-Cobo) denunció la «contratación de manera exclusiva» de la empresa Uradis CCSA (actual Canalizaciones Civiles SA), por valor de 7,9 millones de euros en 2009, y de «personal vinculado familiarmente al presidente –Eugenio Calabuig–, a Fomento Urbano de Castellón –propiedad de éste– y a personas vinculadas con la política». Estas prácticas siguieron incluso estando Calabuig bajo el foco de la justicia.

De la misma manera que los colectores desembocan en el mar, Calabuig había llevado el dinero del Banco de Valencia hacia las playas de Castellón, invirtiendo en 756.356 metros cuadrados de suelo entre Oropesa y Benicássim, de los que 565.748 son rústicos en primera línea de playa. Hasta su compra del 46% de acciones de Costa Bellver SL que controlaba Bankia, su financiera AGVAL (actual Global Omnium) era la primera accionista del proyecto. Se cerraba el círculo. Calabuig volvía al recuerdo de los días del clan de Oropesa, cuando el dueño de Porcelanosa, ya fallecido, cedía a Aznar su casa en la urbanización Las Playetas de Bellver, y el joven Calabuig estaba en el lugar y momento oportunos.

LA CONEXIÓN MADÍ-CALABUIG: AGUA DE VALENCIA (CAVA Y ZUMO DE NARANJAS).

Pero el tiempo ha demostrado que en el caso de Calabuig la motivación de sus actos no es la ideología sino el dinero. Si en Valencia lo más rentable era colaborar con el PP, teniendo de mentor al lamentable Carlos Fabra, procesado y condenado, en Cataluña busco el apoyo del independentismo.

Como hombre fuerte eligió al ex político y «conseguidor» David Madí, procedente de la antigua Convergencia de Pujol y hombre de confianza de Artur Más. Madí es nombrado en 2018 Presidente de Aigües de Catalunya, la filial catalana de Global Omnium, la empresa de Calabuig. Aigües de Catalunya está presidida desde 2018 por Madí. En su estrategia de expansión comercial, David Madí asimismo contrató al ex diputado republicano Joan Puigcercós y mantuvo contactos con un antiguo hombre fuerte de ERC, Xavier Vendrell, para obtener concesiones en municipios controlados por Esquerra, empezando por Sant Cugat, cuya historia de corrupción urbanistica con Convergencia es legendaria. La «trama Voloh» pone de manifiesto que la agenda de contactos del ex convergente Madí con políticos de ERC, engrosada por años de coaliciones electorales independentistas, se puso al servicio de un empresario ligado indisolublemente a la derecha más reaccionaria.

Las conversaciones pinchadas por la guardia civil a David Madí revelan los esfuerzos de su jefe, Eugenio Calabuig, por introducirse en el mercado catalán, buscando la ventaja, como antes hizo en Valencia, a través de las influencias políticas más oscuras.

El último producto salido de su factoría para enriquecerse ha sido el control de aguas fecales como forma para detectar las áreas de propagación del covid-19, un sistema que, aunque muy inferior al desarrollado por AGBAR, Madí y Vendrell trataron de endosar a la administración catalana, empezando por supuesto por Sant Cugat. También Ábalos, el ministro valenciano, estaba en su mirilla para conseguir influencia, esta vez en Madrid con el PSOE.

¿HASTA CUANDO?

Pese a que la cultura del pelotazo urbanístico iniciaba su decadencia, la entrada en el Banco de Valencia de los hermanos Calabuig y la familia de constructores Soler permitió la aprobación de créditos dudosos para promociones urbanísticas en zonas recalificadas de la costa. Su entrada arrastró al Banco de Valencia, joya de la burguesía valenciana, con presidentes como Ignacio Villalonga o Joaquín Reig, a embarcarse en polémicas operaciones de gran repercusión mediática como la lucha por el control de la inmobiliaria Metrovacesa. El consejero-delegado del banco, Domingo Parra, era un experto en operaciones de riesgo que acabaría arrastrando al presidente José Luis Olivas, un antiguo consejero de economía y presidente en funciones de la Generalitat, ambos acusados por apropiación indebida (créditos al constructor alicantino Ramón Salvador, la punta del iceberg). Los accionistas mayoritarios se librarían de estas acusaciones porque ¡justamente las operaciones más arriesgadas no pasaban por los órganos del control del banco!.

De lo que sí deberá responder ante la justicia Calabuig es de cómo su presencia en el banco le permitió obtener líneas de crédito ventajosas para sus promociones inmobiliarias particulares en Oropesa. Es posible que asimismo ello le favoreciera para obtener contratas públicas para Aguas de Valencia, incluso en Morella bajo la alcaldía de Ximo Puig, o para aumentar su poder en la empresa (en 2014 su familia pasó de tener el 63% de las acciones a controlar el 97%). En 2018, gracias a unos beneficios extraordinarios, impropios de las compañías del sector, Fucsa compro por 39,6 MM€ la parte de Fucsa de Enrique Calabuig. Todo a medida.

Ahora toca financiar al independentismo catalán (y aprovecharse de él claro). Si la justicia no lo remedia antes.

Josep Guixà

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Corrupción y Patria: La memoria de doña Marta Ferrusola de Pujol

Marta Ferrusola, esposa de Jordi Pujol, será la primera del clan en “caer” de la lista de imputados por diversos delitos que instruye la Audiencia Nacional desde 2014, con ayuda del Grupo 24 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF),  “¿Pero qué coño es la UDEF?”, ¿recuerdan? El motivo,  el deterioro cognitivo por Alzheimer de doña Marta.

El pasado 1 de marzo, la doctora Cristina Romero de la Cruz se personó en el domicilio familiar de doña Marta y, en presencia de unos de sus hijos, la examinó psicopatológicamente, comisionada por la Audiencia Nacional. Era la representante de la Ciencia Forense  del Ministerio de Justicia a petición de sus defensores.  Su análisis revela a una mujer de 85 años, que entró en un ensayo clínico –enero 2020- por esa terrible demencia conocida como Alzheimer. El estado general de doña Marta empeoró a raíz de una inoportuna caída  -en agosto de 2020- que le produjo una hemorragia en su región frontal y una fractura, por lo que fue hospitalizada.

Su deterioro cognitivo es “moderadamente grave”, algo “desorientada” y –como muchos pacientes de esa enfermedad- da respuestas que demuestran tener “alterado el raciocinio”, explica la doctora. Las preguntas más sencillas, reciben respuestas incoherentes. El informe explicita; “yo me imaginaba que toso los días corrían juntos, en el colegio lo dice…, ayer fue un día bien, habíamos quedado con una de las madres que era la guardiana de un legado de nuestros hijos, ¿Dónde fuimos? Es complicado, te cuesta imaginar el cambio, si pasa lo agarras de momento no…

Sabido es que la demencia actúa de forma caprichosa. Casi siempre es más cruel con la memoria reciente, que con la lejana. La imprimación vieja, como echa a fuego de las responsabilidades; por ejemplo, hacia hermanos menores o hijos, emerge como esculpida en piedra en la mente del enfermo. Dicho sea con todo respeto, lo sé porque mi madre falleció con demencia.

En el caso de doña Marta, a la que deseo larga vida, le sobreviene sus imperativos: “legado”; guardiana” e “hijos”. Años atrás, sana, lo formulaba con mucho descaro: “Cataluña nos tiene que devolver lo que le hemos dado”, en referencia a un sacrificio de Jordi Pujol, encarcelado por los hechos del Palau de la Música. ¡Cruel paradoja!, luego algunos pata-negra de Pujol,  fueron a la cárcel por usar el Palau para financiarse y financiar a Convergència, como Félix Millet.

Volvamos a la conclusión del informe forense: “deterioro cognitivo moderado-grave”, y, sobre todo, “no reúne las condiciones psíquicas mínimas necesarias para prestar declaración”. Luego es cuestión de tiempo que el titular del Juzgado núm. 5 de la Audiencia Nacional, la rebaje del listado de imputados en el caso Pujol, la cosa sigue para su marido y sus siete hijos.

En la causa judicial, hay una nota reveladora, dice: “Reverendo Mosén, Soy la madre superiora de la Congregación, desearía que traspase dos misales de nuestra biblioteca a la biblioteca (por cuentas) del capellán de la parroquia. Él ya le dirá donde se tiene que colocar. Muy agradecida. Marta. (14-XII-95)”. La nota es manuscrita por doña Marta, la matriarca del clan Pujol y su caligrafía es enérgica y metódica (con el mes en números romanos). La nota va seguida de una solicitud de traspaso de fondos  –sin tufillo eclesial y desprovista de retórica- por 2 millones de pesetas (los dos misales), el argent de poche del Clan.

Es una pieza de convicción  –“singular”, la calificó el Fiscal– que demuestra como doña Marta ordenaba los movimientos en las cuentas andorranas como lo haría Salvatore Totò Riina, con los fondos de su pueblo siciliano, Corleone, por cierto. Luego vino el testimonio de la amante del hijo mayor, Victoria Álvarez, que sitúa al “capellán” recibiendo órdenes extractoras del pozo andorrano de su madre y trasegando el usufructo en una mochila por los Pirineos. Una especie de Pocholo, en versión indepe.

La policía entiende que las expresiones en “clave” demuestran que Marta no era la abuela venerable, sino la capo-repartidora de la savia andorrana del clan. El texto, naturalmente escrito en buen catalán, bien puntuado y con caligrafía enérgica tiene un sujeto elidido: “el capellán de la parroquia”, los investigadores no tienen duda: el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola –il cassetto, en rango mafioso- que acumulaba en AndBank cerca de 9 millones de euros propios y gestionaba lo de sus hermanos.

También llama la atención que doña Marta, una mujer de fuertes convicciones católicas, o así lo defendió vehementemente como “primera dama” catalana, usara la terminología “madre superiora”, “misales” o “parroquia”, para fines tan inconfesables. Ferrusola avisó, hace años, de que la fuerte inmigración musulmana en Cataluña “convertiría las iglesias románicas en mezquitas”. Así era, Those Were the Days, doña Marta

La “pillada” andorrana -confesada por el ex honorable Jordi Pujol Soley- afloró la existencia oculta de unos 15,4 millones, que procedían de AndBank, una entidad que controlan los hermanos Higinio y Ramón Cierco. Estos “entregaron” a los Pujol por amenazas contra ellos de las cloacas del Estado, que denunciaron, quizá por excusatio. Los Cierco pudrieron de odio el corazón de la camada Pujol. No sé si los Pujol  saben o no, pero los Cierco son primos, financiadores y más cosas, de una de las ganaderías más antiguas del PSC, los Clotas (también hermanos: Salvador e Higinio).

Doña Marta fue clave en la imagen de su marido. “Esto (señalándola) es una mujer”,  le gritaban desde la Plaza de Sant Jaume los enfervorecidos de Convergència, cuando el caso Banca Catalana amenazaba a Jordi. Era la sublimación de esposa abnegada y militante nacionalista. Doña Marta extendió el mito de “familia austera” que el tiempo lo hizo añicos. Ella, entregada a sus negocios de césped y plantas. Su hereu,  a coleccionar Ferraris, Mac Laren y amigas. La Mare siempre fue una mujer dura, con tintes xenófobos, lo demuestra esta frase: “Me molesta mucho que un andaluz (por Montilla),  y que tiene el nombre en castellano, sea President de la Generalitat”.

Xavier Horcajo (*)

(*)  Autor de dos libros sobre los negocios de los Pujol, “La pasta nostra” (2013) y “El Hundimiento” (2015)

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Corrupción y mentiras: la traición al 15M

El 15 de mayo de 2011 fue la clave de todo, conviene recordar la circunstancia de todo aquello. Una difusa plataforma llamada “Democracia Real Ya” convocó manifestaciones en cincuenta ciudades españolas, a ella se adherían los jóvenes sin futuro y los desheredados por la crisis de comenzó en 2007. Los “indignados” eran muchos más de lo que se conocía y cuando afloraron generaron un movimiento de empatía generalizado.

Llegaron a poner en jaque a la democracia de Mariano Rajoy, poniendo sitio al Congreso con algún episodio violento que pocas veces se recuerda. Pero no se trataba de “dar el protagonismo a la gente” como decía la prédica. A punto de cumplirse diez años de aquello, empieza a ser procedente escribir el “auge, refulgir y caída” de Podemos. En su epitafio debería figurar: “Autores del gran troleo de la política española”.

Los “perroflautas” que rodearon el Congreso, generaron una nueva clase política. Sus líderes se han acomodado. Hoy son  la “casta” y viven con descaro en “dachas” burguesas. El “asalto de los cielos” se quedó  en: vamos a por los sueldazos por representar a “la gente”. El hiperliderazgo de Pablo Iglesias, con tics de matón de barrio, está liquidado tras la experiencia de 15 meses como vicepresidente de un Gobierno progresista con Pedro Sánchez.

La madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2019, fue la noche del desencanto para los podemitas. La más dolorosa, luego vendrían más.  Se rompía la tendencia ascendente de Podemos en las diferentes elecciones.  Habían llegado al fin de ciclo del efecto 15-M.  “Pablo, hemos perdido más de 800.000 votos en toda España”, anunció el jefe de la campaña al secretario general Iglesias.  El entonces líder de la coleta dio un respingo, agarró los papeles oficiales y comprobó que sus 71 diputados habían volado,  quedaban en solo 35 y que sus cinco millones de votos,  menguaban sobre lo obtenido en las generales de 2015, se quedaban en  3,1 millones.

Aquello era la respuesta al dilema:  las moquetas o las plazas. Parecía caer el telón al tiempo político del mesianismo asambleario de la formación. Para más humillación,  los de Vox, con Santiago Abascal al frente, les superaba con 52 escaños. Iglesias frunció el ceño y más serio que nunca –con Alberto Garzón e Irene Montero detrás- lanzó un guante a Pedro Sánchez: un Gobierno de “coalición progresista”. Lo que antes no había sido posible, “ahora es una necesidad”, argumentaba ese primer mensaje.

Fueron semanas difíciles. La coincidencia de necesidades hizo posible lo antes imposible. Pedro Sánchez franqueó la entrada en un Gobierno progresista a Podemos. Pedro y Pablo se tragaron los sapos necesarios y las promesas –sobre todo Sánchez– y  -abrazo mediante- Iglesias se convertía en el único vicepresidente comunista de la UE y el primero en España desde 1939. La co-gobernanza daba a Podemos además cinco ministerios y una vicepresidencia política.  Tras ello, vinieron 15 meses de escasos triunfos políticos para Iglesias.  Todo un golpe de suerte que disfrazaba la decadencia electoral pendiente.

Instalados en despachos de ministro los de Unidas Podemos tuvieron 15 meses de uso del poder. “Tic. Tac”, como les gustaba el tiempo demostró que los gobernantes morados dieron una exhibición impúdica de impericia, con un rasgo clave: no entender la pandemia como una oportunidad política para brillar con luz propia. Fueron Sánchez y los socialistas del Gobierno, los que se echaron el país a la espalda y dejaron a Podemos de comparsa. En términos políticos,  Sánchez había dado el abrazo del oso a Podemos. Otro golpe de suerte: los de Sánchez fracasaron y España tuvo la peor gestión de la pandemia en lo sanitario y en lo económico. Pero los ministros de Podemos escurrieron el bulto.

Iglesias Turrión fue vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, entre 2020 y 2021 para muy pocas cosas.  A mediados de marzo, conocimos por primera vez su despacho, gracias a un vídeo en el que explicaba -dándose sonoros golpes en el pecho- que dejaba el cargo para presentarse a las elecciones madrileñas. Después a regañadientes dejaba también su escaño. Fue en un video gracias al cual los españoles conocimos su despacho de vicepresidente.

Unas semanas antes, los mismos asesores de imagen que le quitaron el piercing en la ceja, después de entrar en el Gobierno, le presentaban ahora con un moño bun, con pendientes coco en las dos orejas. Conseguían irritar a “los fachas” pero su propósito era otro: tratar de recuperarle proximidad, a lo Brad Pitt, entre los antisistema más radicales.

Tenía que dejar atrás el giro burgués del chaletazo de Galapagar y un  confinamiento que para él supuso darse un atracón de series. Un análisis de sus tweet durante los confinamientos del 2020 revela que hizo un “maratón” de series: The Wire; Pablo Escobar; Generation kill; A dos metros bajo tierra; The fall; Press; Malviviendo; The Tunnel; Vikings; Sucessión,  iban siendo comentadas, junto a un: “Acabada” que lo delataba. En algunos casos, como el comentario de Veneno,  el profesor universitario incluía abultadas faltas de ortografía, como, por ejemplo, confundir “infringir” por “Infligir”.

La cronología de sus tweets denuncia que la gran crisis de las residencias de ancianos (su territorio competencial) le pilló con Baron Noir.  Otro detalle, la serie francesa Hipócrates, que trata  la dura experiencia de los hospitales públicos galos no le animó a visitar ninguno de ellos aquí, en el momento más trágico de la historia sanitaria española, con el peor índice de muertos e infectados entre los trabajadores sanitarios en el mundo.

En el debate electoral madrileño fue señalado con el dedo por no haber hecho nada ante el drama del Covid en las residencias geriátricas. Con mucho cuajo, y con el moño empapado en laca, Iglesias presumió por haber dado las órdenes a la UME (Unidad Militar de Emergencia) para desinfectar los centros.  Al ministerio de Margarita Robles le faltó tiempo para filtrar un informe de Defensa que dejaba en “cero” las presuntas órdenes del ex vicepresidente a la UME en pro de los viejitos.

Cuando Podemos se quedó en 17 escaños en el Parlamento andaluz y 584.040 votos, esa misma noche, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, invitó a los antifascistas a ponerse en «alerta» por la irrupción democrática de Vox en el Parlamento andaluz, y a movilizarse para frenar a una fuerza de «extrema derecha, postfranquista sin complejos, neoliberal y machista, porque la justicia social y la democracia española están «en riesgo», según dijo.

Aquella declaración suponía la no aceptación de los resultados democráticos. Fue el primer aldabonazo, un primer signo de violencia política. Aquello fue pasado por alto, todos miraron a otra parte porque Podemos formaba parte del Gobierno. Y los conatos “revolucionarios”  maduraron en  Unidas Podemos hasta lo sucedido en Vallecas reventando con Vox, o en Navalcarnero, agrediendo a policías y guardia civiles. La imagen de un Guardia Civil de paisano agredido por un anti-sistema que le propinó una patada en la espalda se hizo viral en la campaña del 4-M.

El miércoles siete de abril, Vox arrancaba su campaña madrileña en el barrio de Vallecas. Vox venía de un porcentaje de voto en Villa de Vallecas del 12,18%. Días antes, Iglesias convocaba a los “antifas”a reventar el acto de Vox en las redes sociales. Convocados los supuestos “antifascistas” lanzaron piedras y todo tipo de objetos a la parroquia de Abascal, con heridos, gracias a un dispositivo policial poco útil con reproche a Grande Marlaska.

Los incidentes dieron paso a una serie de procedimientos judiciales por boicot de un acto electoral convocado por un partido político. Iglesias, ausente en los disturbios, interpretó lo sucedido como le dio la gana y en franca contradicción con lo que se apreció del acto por televisión. La bravata de Iglesias, que considera Vallecas su territorio aunque ya no viva allí, puede acabar en un posible delito electoral. La invocación a la violencia contra Vox se repitió en otros lugares, aunque la actuación policial fue menos permisiva. Aun así, una niña de 10 años resultó herida por una piedra en Navalcarnero.

En la campaña del 4-M se ha troleado incluso a la chulería. El líder de Podemos venía de darse sonoros golpes en el pecho al grito de “hay que normalizar los insultos”, para denunciar –a media campaña- “Me llaman chepudo”.

Iglesias protagonizó el abandono de un debate electoral con el reproche a la candidata de Vox, Rocio Monasterio de no haber condenado la amenaza recibida, un sobre con varias balas de CETME (7,62)  y un texto que decía: “Pablo Iglesias Turrión has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota”. 

El condenable sobre-amenaza se remitió al Ministerio de Interior (calle Amador de los Ríos, de Madrid), a nombre de quien nunca estuvo allí. El sobre con balas no fue detectado  en los scanners de Correos (obligatorios para los envíos a los casta política). Incluso luce tres sellos estampillados con un: “A su procedencia”,  que usa Correos para devolver al remitente. Una carta, dicen los funcionarios de Correos que estaba mal franqueada.

Pero la  pirueta más difícil para Iglesias es justificar ante los suyos que, después de dejar la vicepresidencia y el escaño, y ya como candidato a la Asamblea de Madrid, solicite una indemnización al Estado, haciendo uso de una prerrogativa de “casta” contra la que antes se había manifestado y que repudiaba.

Reclama 5.316 euros mensuales por el tiempo que ejerció la vicepresidencia (un año, dos meses y 18 días) hasta que cobre de otro sueldo público.  El problema radica  en que Iglesias incumple el código ético de la formación morada. El reglamento ético –aprobado en Vistalegre II- impone la obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantías de ningún tipo una vez finalizada su designación en el cargo” (sic).

Los votantes de Podemos deberían plantearse si cuando Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o, incluso,  Mariano Rajoy, lo hicieron. Y no lo hicieron. Las vicepresidentas –a la sazón abogadas del Estado-  se incorporaron a sendos despachos privados para ejercer la abogacía. En el caso de Rajoy, reingresó al cuerpo de Registradores de la Propiedad, donde había ganado oposiciones.

Incluso su “llorado” Hugo Chávez Frías, que pasó dos años en la cárcel de Yare (Venezuela), por dar un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez (1992) y quedó en libertad, indultado por el presidente Rafael Caldera, no reclamó sus salarios como mando militar. Abandonó las armas y se dedicó a la política. Las urnas dirán si los españoles de los ERTE y de las “colas del hambre” entienden el gesto nada revolucionario de Iglesias.

Asalto a los cielos

“Estamos orgullosos de no gustar a los ricos. Se nos nota que nos importa un cuerno vestir con ropa barata (…) ¿Porqué va a cobrar más un político? Lo primero que hicimos en el Parlamento Europeo fue bajarnos el sueldo, No podía ser mayor de 1930 euros en 14 pagas (tres salarios mínimos) ¿Qué no está nada mal! Es mucho más de lo que cobran muchos No es normal que los políticos cobre 8 o 9 veces más que lo que cobra un trabajador” De ahí venimos, de lo dicho en Asturias el 18 de mayo de 2015, tratando de  levantar votos para Daniel Ripa.

Iglesias irrumpió en política en las elecciones europeas de 2014. Desde entonces su realidad material ha mejorado mucho.

En la primera declaración de bienes voluntaria, Iglesias publicó en el portal de transparencia de su partido, declaró cobros del Parlamento europeo por 81.000 €. Antes de ser político,  Iglesias declaraba una Honda Scooter que compró en diciembre de 2012 por 2.670 € y desde mayo de 2017 un Dacia Sandero Stepway, comprado por 10.000 €.

En cuanto a sus retribuciones  siempre le significaron como uno de los diputados que más dinero gana. En 2016 declaró 119.426 €, correspondientes al año 2015.

Iglesias además de diputado, presenta programas de televisión, escribe libros, artículos y de ello obtiene ingresos. Primero ingresos derivados de La Tuerka; luego Fort Apache, emitido en la televisión iraní de habla hispana Hispan Tv; en los últimos tiempos, el espacio: Otra vuelta de Tuerka en la tv Público.es.

Asaltar los cielos

Como líder ultraizquierdista, Iglesias ha mostrado siempre un tono de “vanguardia del proletariado” un poco sospechoso. Contaba a sus incondicionales “la única vez que me he roto un hueso, fue en una mano, por dar un puñetazo… algo poco común en mi situación…” contaba que fue para repeler el robo en un laboratorio de la universidad. La pelea fue “contra un grupo de lúmpenes de gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, que intentaba robar una mesa de mezclas (…)”, exponía el líder de Podemos. (30/1/2014).

El nunca fue “lumpen”. Cerró el ejericcio 2014 con ingresos brutos de 69.686 euros y 45.210 de patrimonio y cuentas bancarias. Sus ingresos: 19.604 empleado universitario y 50.082 euros de actividades como autónomo, ya prometían. Luego sus compromisos con el fisco son de mago Merlín. Pocos españoles con esos ingresos  en esa fecha reciben devolución superior a los 19.000 euros, si no es que…

Podrá decirse que  donó a su partido y que eso le desgrava. Cierto es. Sin embargo, en Hacienda defienden que las donaciones a partidos tienen un tope (600 euros), de los que te puedes deducir un 20%, es decir, como máximo 120 euros de deducción por donación a partido. Otra cosa es hacer trampa.

Ya sentado en el Parlamento europeo, con salarios mejores ( de más de 8.000 euros/mes por 12 pagas), los fiscalistas de Iglesias obran otro milagro: sus ingresos progresaban hasta 107.697 euros (como autónomo, como profesor interino de la Universidad Complutense de Madrid  y como europarlamentario, pero Hacienda le continuó devolviendo más de 18.500 euros. Aquí incluso se le podía discutir el tipo efectivo respecto a esos ingresos, para ver como justifica haber pagado un 10% menos de lo que en apariecia le correspondía.

Luego vinieron sueldos de ministro y de vicepresidente hasta conformar en 2021 a un Iglesias con un patrimonio bruto de más de 625.000 euros, como su pareja con la que compara en gananciales Galapagar. Lo de la ministra Montero es todavía más meteórico. Sus ingresos en 2014 dependían de una beca de investigadora en la Autónoma de Madrid, por algo más de 10.200 euros. De ahí hasta 2016 con 76.903 euros de renta salarial (su tipo de IRPF pasó del 11,8% al 30% y a 83.291 euros en 2017 (tipo efectivo 31.7%) También obtuvo importantes devoluciones de la Agencia Tributaria, probablemente por sus donaciones al partido (a pesar de sus limitaciones). Irene Montero, ministra de Igualdad forma parte del exclusivo club de contribuyentes  que lleva desde 2016 recibiendo de Hacienda más de 23.000 euros por año. 

Sobre las donaciones, en La hora de la 1, de RTVE (9/4/2021) Iglesias defendía haber reclamado los 5.300 euros por ser ex-vicepresidente “porque es un derecho que me corresponde como a otros muchos ministros y vicepresidentes” (un remedo del:  “Porqué yo lo valgo” de una conocida  firma de cosméticos).  Iglesias apostilló “no creo que sea por más de un  mes” dejando entrever que reclama una entretela hasta volver a pillar sueldo público. Y como el subconsciente manda mucho, en tono exculpatorio por lo elevado de sus “derechos” indemnizatorios expone: “nosotros parte del salario, lo donamos… Cosa que no hacen los demás”. A los contribuyentes nos da igual si dona o no, como si se lo gasta en laca o en series de moda.

Iglesias presumía que su éxito provenía de “cuando a uno no se le olvida el barrio de dónde vienes. Tus vecinos ven que no vives en otro sitio. El sentimiento de patria tiene que ver con estar orgulloso de tu gente(…)”. ¿Se puede considerar Vallecas tu barrio porque viviste allí, pero te fuiste al residencial Galapagar a vivir en un chaletazo en la sierra?   Su vivienda anterior en la Colonia Fontarrón tenía bandera de ropa tendida en los balcones y 60 metros cuadrados que le dejó en herencia un ancestro a su tía. Se lo enseño a Ana Rosa Quintana con advertencia del “peligro de los políticos que viven en chalés? Otro troleo.

Desde 2018, el chalé de Galapagar no deja de atormentar a Iglesias y a la madre de sus tres hijos, Irene Montero. Absolutamente todo de aquella operación inmobiliaria fue “especial” y sospechoso. Lo más insólito, el precio establecido en 615.000 euros. Un precio imposible por la superficie de la finca sita en la Urbanización La Navata.  Valga recordar que antes, el “líder carismático”  había criticado a Luis de Guindos (cuando era ministro de Economía) por comprarse un ático que era más barato que el casoplón.

Aquél precio era sorprendente para una zona privilegiada por lindar con un parque protegido en la sierra madrileña,  con 268 metros cuadrados construidos; parcela de más de 2.000 m2. Y por sus añadidos: piscina; suelo radiante, casita de invitados. Iglesias obtuvo una hipoteca preferente de la Caja de Ingenieros. Dijo Bolsamania que era “una hipoteca única en España”. Sin ser ingeniero, la Caja le prestó lo necesario al 1,5% de interés –un tipo que no ofrecía a otros clientes—por ser vos quién sois.  La compra se cerró en 660.000 euros, con una hipoteca a 30 años de 540.000 euros. La cuota es de unos 1.600 euros mensuales.

Todavía más extraño fue la presencia en el acto de la firma de la escritura de préstamo hipotecario del tesorero de Podemos, Daniel de Frutos. Las imágenes de la salida de la notaría (el 9 de mayo de 2018) fueron publicadas por Ok Diario. El tesorero estuvo incluso en la “celebración” de la compra, en un restaurante de la zona. De Frutos conoce muy bien a Caja de Ingenieros porque la organización morada tuvo allí su cuenta electoral en la que recibió las subvenciones estatales por resultados electorales (elecciones de 2016).

Cuando llegó la pandemia, los galapagueros se cebaron a caceroladas, enarbolando banderas de España, y haciendo sonar el himno nacional; justo frente a la casa de los co-gobernantes de Podemos. La respuesta a ese “jarabe democrático” fue exigir que una unidad de élite de la Guardia Civil  fuese trasladada allí  para proteger los alrededores.  Se cerraron vías públicas al acceso viandantes, lo que insultó a muchos vecinos.

Especialmente sañudos fueron los Iglesias-Montero con los “indignados” pacíficos de derechas que les incordiaban. Les atizaron querellas que incluso buscaban enfrentarles  a penas de prisión por tamaña osadía. ¿Legitimo para quien ha protagonizado escraches a buena parte de la clase política rival? Los escracheadores, escracheados, se hubiera dicho en el Siglo de las luces. En el de las tinieblas, algo queda, si acaso el viejo dilema: los privilegios de clase no se defienden antes de tenerse.

La imagen de “privilegio” de la pareja de vicepresidente y ministra de Igualdad en Galapagar se amplió al conocerse  las trifulcas de doña Irene con algunas escoltas policías, a las que enviaba a comprar “potitos” o a llevar a amigas a su casa. Luego vino el llamado “caso Arévalo”, la niñera de Irene Montero que cobra  51.946 euros públicos anuales desde que la ministra de Igualdad le designara jefa de gabinete adjunta.

La beneficiada, Teresa Arévalo, se declara víctima de la precariedad laboral y asegura que su activismo político que siempre ha tenido como objetivo luchar por una sociedad más justa y con oportunidades para todos, dice la “bio” que puede consultarse aún en la web de Podemos. Todo ello, sin más formación que el bachillerato, y sin experiencia alguna en el ámbito laboral privado, es hoy alto cargo del Ministerio de Igualdad.

Eso nos lleva a que –gracias a las imposiciones de Transparencia,  que obligan a los diputados y senadores a declarar sus ingresos por actividades previas a ser cargos electos (en las que, por cierto, Podemos no tuvo arte ni parte)– pudimos conocer con vitola oficial que buena parte de los diputados de Podemos tenían escaso o nulo pasado laboral antes de llegar a la política. 

La lista es brutal: Alberto Garzón, ministro de Consumo acreditaba, a sus 36 años, un año de trabajo en una universidad. Sin embargo, el secretario general de Izquierda Unida produjo una boda, en agosto de 2017, que recordaba a la de la hija de José María Aznar. Orquesta, menú selecto –a 300 euros comensal–  para 270 invitados; hasta un toro mecánico, para solaz de los convidados. Todo muy poco proletario, por ejemplo el chaqué que lucía. Eso sí,  pidió a la wedding planner que Karl Marx estuviera presente en su boda, y plantaron un cartel con la cara del filósofo…en el rincón de la cerveza, como si se tratara de Groucho. Si duda, una blasfemia para la religión marxista.

Sigamos con nuestra lista: Irene Montero, a sus 33 años, acreditaba un año de cotización como cajera en Saturn. La hoy vicepresidenta, Ione Belarra, acreditaba a sus 34 años haber trabajado sólo un año, como técnico social.  La gaditana María Auxiliadora Honorato, a los 47 años, no había trabajado nunca.  Juanma del Olmo, a 39 años, no había trabajado nunca; hoy se ocupa de la estrategia de comunicación de la vicepresidencia de Yolanda Díaz.

La feminista gallega Ángela Rodríguez, 32 años, conocida por “PAM”, no había trabajado nunca.  El encargado de asuntos culturales y tataranieto de Antonio Maura, Eduardo Maura, a sus 39 años, no había trabajado nunca. Ana Belén Terrón, a los 39 años, no había trabajado nunca; es diplomada en trabajo social.  El murciano  Javier Sánchez, a sus 35 años, no había trabajado nunca. Nagua Alba, 31 años, no tenía pasado laboral; o Noelia Vera, psicóloga a sus 35 años, tampoco había trabajado nunca.

Tras el desastre en las generales de 2019,  vinieron  otros compromisos electorales en Galicia, País Vasco y Cataluña, en los que Podemos cedió poder territorial a cambio de representación dejando protagonismo a Mareas y Comuns –como en 2018 se hizo con Adelante Andalucía– para tratar de salvar representación en los Parlamentos autonómicos. Más decadencia electoral para los morados, con su Vistalegre II como el  punto de inflexión que les empujaba cuesta abajo.

Pablo Iglesias inició su andadura televisiva en El Gato al agua,  la tertulia de Intereconomía tv,  invitado como “simpatizante y/o portavoz del 15M”.  Allí sufrió algún que otro varapalo intelectual. Allí, acorralado se reconoció “comunista”. Allí saben que impuso la presencia en los debates de su entonces pareja, Tania Sánchez Melero.

Otra nota para quien desee escribir la relación de Iglesias con  el sexo fuerte. Y no se olviden que Lilith Verstrynge acompañó al líder en su campaña del 4-M. bajar a los ruedos, decidió a Fernanda Freire a explicar como una noche de verano, Iglesias se la intentó ligar en un bar de Lavapiés. Ella, una joven estudiante de la Complutense, aceptó con amigas la invitación de uno de sus profes (Juan Carlos Monedero), entre copas, Iglesias –al que no conocía-  destaca que la acorraló “cual cervatillo” once años antes. Ellos venían de grabar La Tuerka, la incauta se zafó de la mano de Monedero en su cintura, mientras recibía de Iglesia elogios por su madurez siendo tan joven. “Me doró la píldora” para acabar con un: “Voy al baño a refrescarme, te espero allí”. Con esa “técnica de aproximación”, cabe deducir que Iglesias ha pasado muchas horas en el baño, solo y a la espera de acontecimientos.

Volvamos al simpático detalle de pluralidad de Intereconomía invitando al desconocido de la coleta a sus debates políticos y de cómo es su agradecimiento. El verdadero Iglesias aparecía en Segovia, en el verano de 2014, en un acto en el que invitaba a los presentes a “dejarse de mariconadas culturales”, y les animaba a salir “de cacería” y “aplicar la justicia proletaria a los fachas. O el más explícito: “Vamos a hostiar a los fachas de Intereconomía” posterior a un engolado:  “Pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión”. Luego Iglesias saltó a los platós de Atresmedia y Mediaset, cuando una mano invisible (del PP), les llevaba en volandas.

Su tertulia La Tuerka fue cobijo de demagogos, populistas, violentos y amigos de dictadoras. El eje de sus tertulias era simplificar el espacio político –como proponía Ernesto Laclau–  con sus “Tic, Tac”. El espacio de televisión en los que su ceño fruncido le forjó un estilo sugerente, se nutría de antagonismos simples: pueblo- casta; nuevo-viejo o “la gente”-la clase política. Todo ello jalonado por su formación que era -de lejos- líder en posicionamiento en redes tanto en Twitter, como en Facebook.

Enrique Riobóo, director de Canal 33, la anfitriona que alquilaba tiempo de tv para emitir  La Tuerka (2012-2014) afirmaba en el Senado que Iglesias “cobraba y pagaba en B” y acusó a Iglesias y Monedero de “llenarse los bolsillos” con dinero proveniente de Irán y de Venezuela. Riobóo les acusó de acudir a elecciones “dopados” con dinero del exterior y retó a Iglesias a llevarlo a tribunales. El de Podemos, nunca lo hizo.

Lo más parecido a una defensa del dinero iraní o venezolano se produjo en Andalucía, en un acto de la izquierda Anticapitalista en el que les ilustró con la máxima: “sin dólares, no se puede hacer política”.

Los de Iglesias le propusieron incluso la compra de su canal de tv. Querían más que espacio alquilado. Riobóo,  les pidió 1,3 millones de euros por su tv . Pretendían con ella desestabilizar el sistema en España. Iglesias siempre defendió que “una televisión era más poderosa que un ministerio”. Recuerden que en el primer intento de pacto con Sánchez, se pidió RTVE. Fue la muerte de Hugo Chávez Frías la que frustró la operación de comprar una tv.

Todavía dirigente de Podemos, Iñigo Errejón daba el cante lloricón despidiendo a Chávez en un tono que recordaba al Milhouse de Los Simpson cuando le roban las gafas.

Al volver de Caracas, Juan Carlos  Monedero se sentía decepcionado la nueva administración no le dio la pasta. Por eso,  los menospreció recordando que Maduro era sólo “un conductor de autobús”. Riobóo da detalles más explícitos y divertidos en su libro: La cara oculta de Podemos.

El dinero que llevó “a los cielos” del poder a Podemos también era iraní, y muy  cuestionable porque el régimen teocrático de Teherán cuelga por el cuello de enormes grúas pluma, a los homosexuales. ¿Puede compaginarse eso con el ideario de Podemos que Montero resume en “niños, niñas, niñes”. ¿Un troleo a los movimientos LGTBI?

Por lo que hace al dinero venezolano, proviene de un régimen que llevó “a la gente” al racionamiento y a la oposición a las cárceles en una no discutible vía totalitaria al socialismo. El dinero bolivariano proviene de la gran influencia que los podemitas tuvieron sobre los Gobiernos de Caracas,  que Estados Unidos relaciona con redes de narcotráfico internacionales.

El más relevante de los podemitas en Caracas fue Juan Carlos Monedero  antiguo asesor del Gobierno de Hugo Chávez, entre 2005 y 2010, incluso fue responsable de formación de uno de los centros de irradiación bolivariana, el CIM Miranda. Ya en España, Monedero  siguió relacionado a través de CEPS con “asesorías” para el Gobierno de Caracas facturando esfuerzos por fomentar consensos de izquierdas en Europa. Ese fluir del petrodólar, y sus “ladrillos”,  aglutinaron en CEPS a  Iñigo Errejón, Pablo Iglesias, Carolina Bescansa o Luis Alegre y a lo más florido de la intelligentzia de la izquierda radical española con proyección en Iberoamérica (Un ejemplo: el catedrático de Constitucional, Roberto Viciano).

Hugo Chávez llamaba ladrillo al fajo de billetes de dólar norteamericano que componen un cuarto de millón (esto es, 250.000.- dólares). Monedero y Jorge Verstrynge participaron en relevantes desempeños chavistas en España pagados en ladrillos. Unos eran para “siembra” entre intelectuales y políticos de izquierda. Otros, más feos, se utilizaron para  corromper a un agente español del CNI. Se le pagó para que trasladara informes que provenían de la seguridad venezolana (DISIP, luego SEBIN) a documentos encabezados con logo del CNI.

El propósito era vincular al Gobierno de España de José María Aznar, con un intento de golpe a Hugo Chávez Frías, que nunca tendría lugar. La deslealtad del espía se pagó con un “ladrillo”, en Madrid, por uniformados de la inteligencia chavista, como el teniente coronel Pedro Pérez Ravelo, el coronel Ortiz y el capitán García Rojas.  Eran los dichosos papeles que blandía Hugo Chávez en Santiago de Chile,  cuando Juan Carlos I le atajó con  el famoso: “¡Porqué no te callas!”. Por cierto, Aznar ni siquiera gobernaba en España. Contenían disparates como que Alfred Pastor (ex  Secretario de Estado de Economía  del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero) era próximo a la CIA y conspirador contra Chávez. (Ver  el libro El ungüento amarillo,  de Xavier Horcajo,. Cap. 50 Los trapos sucios de Chávez en España. Editorial Homolegens, 2010).

Los poderes de Podemos en Venezuela aún perduran. Alfredo Serrano Mansilla, conocido allí como “el Jesucristo de la economía” por ser el principal asesor económico del desastre de Maduro, el gobernante del país con mayores reservas petroleras que impone la cartilla de racionamiento a sus nacionales.  Serrano es doctor en Economía por la Autónoma de Barcelona  y fue el inspirador teórico del desastre económico bolivariano.

Juan Carlos Monedero, número tres de Podemos, fue saludado públicamente por Nicolás Maduro, en su toma de posesión en Caracas, como si fuera un jefe de Estado. Cobró 425.000 euros por supuestos trabajos de asesoría a Gobiernos latinoamericanos. Los contratos los firmaba Caja de Resistencia Motiva-2, aunque esta caja se creó tres años después de cuando se produjeron los trabajos. El ministro de Hacienda entonces, Cristóbal Montoro, filtró datos fiscales de Monedero, algo muy criticable que le puso sobre aviso y tras abono de la bonita cifra de 130.000 euros, quedó libre de posibles persecuciones judiciales. Monedero regularizó un posible delito fiscal que podría haberle llevado a la cárcel. Recuerden que muchos decían entonces que el PP protegía desde la sombra a Podemos, como ariete contra el voto al PSOE.

El método de las Fundaciones  -como la extinta CEPS que nutrió las bancadas de Podemos-  llevó a los líderes podemitas a conectar, además de Venezuela, con la Bolivia de Evo Morales (2006); con el Ecuador de Rafael Correa (2007) y con el Brasil de Lula da Silva. Las excursiones a América Latina y su colaboración abierta con gobiernos populistas de la Región, “Nos enseñaron que se podía ganar”, admitía Iglesias en La Marea. Las marchas de los cocaleros de Evo Morales están en el retrovisor del movimiento de los “indignados” en España. Aquél: “No nos representan”, se inspiró en los movimientos indigenistas y abrían una brecha en la izquierda española anterior.

Entre 2011 y 2013 los de Iglesias, a través del programa La Tuerka, los de Podemos ponían en retrovisor en Grecia, pretendiendo una Syriza a la española a fuerza de repetir el eslogan: “Sí, se puede”. Incluso Iglesias tuvo una modesta participación en la campaña electoral de Alexis Tsipras, en Atenas. La experiencia griega, conducida en lo económico,  por Yanis Varoufakis, acabó en dos intervenciones de la troika europea y en un gobierno de derechas.

Un año después, llegaron las elecciones al Parlamento europeo, punto de partida de un Iglesias político profesional. Supieron captar, por ejemplo,  a Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción y hombre que provenía del PSUC. Villarejo –tío de la socialista  Trinidad Jiménez– hizo mutis pronto de Podemos. Por el camino reveló que, siendo fiscal del caso Banca Catalana, Felipe González le ordenó no perseguir a Jordi Pujol. Como ven la independencia de la Fiscalía hace mucho que flaquea en España.

Desde el origen, y aún hoy, Podemos manosea referentes abstractos de pensadores de la izquierda radical: caso de Antonio Gramsci (y sus teorías sobre la hegemonía cultural); del post marxista italiano, Toni Negri; unas gotas de Foro de Sao Paulo o la influenza del filósofo argentino Ernesto Laclau, y sus escritos sobre liderazgo. Todos ellos  han servido para encubrir a una pequeña cúpula vertical, endogámica y presidencialista.  Un modelo leninista típico en el que “la purga fortalece al partido”. Del supuesto “liderazgo colectivo” pasaron en pocos años al modelo de “obediencia ciega al líder”. Por el camino rodaron algunas cabezas: Iñigo Errejón, Carolina Bescansa, Luis Alegre o Teresa Rodríguez…

Sobre la endogamia de grupo cerrado, dejo aquí un apunte de lo que podríamos llamar el populismo-parejista. El macho alfa daba y quitaba poder a Tania Sánchez Melero, ex de Rafa Mayoral, hoy en el ministerio de Igualdad, en función a ser o dejar de ser la pareja del líder Iglesias. Lo mismo ocurrió con la madre de sus tres hijos,  Irene Montero o con la que calificó en tribunales de: “mi secretaria”, la hispano-marroquí, Dina Bousselham, la chica del móvil robado.  Pero la endogamia se refleja en el conjunto de los amoríos morados. Fíjense, Rita Maestre, la asalta capillas de la Complutense,  es la ex de Iñigo Errejón; Isa Serra, portavoz en la Asamblea de Madrid, es pareja de Juanma del Olmo, secretario de comunicación de Podemos; Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Congreso, es pareja del que fuera gerente de Podemos, Pablo Fernández; o Ione Belarra que es pareja del asesor de Podemos en el Congreso, Eduardo Ramos.

Xavier Horcajo (*)

*Periodista y Doctor en Ciencias Económicas

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Corrupcion en Podemos: Cuentas pendientes

José Manuel Calvente, antiguo coordinador de los abogados de Podemos y responsable de la protección de datos en el partido, se ha convertido en el principal testigo de cargo contra  las presuntas corruptelas de Podemos. ¿Qué alimenta ese odio, o mejor, ese despecho. Calvente fue acusado por Iglesias y su sanedrín  de acoso, agresión sexual, hostigamiento y coacciones a la letrada de Podemos, Marta Flor Núñez. Se trata de la misma abogada que presumía de tener relaciones íntimas con el fiscal Ignacio Stampa, del que obtuvo ventajas para Podemos en el procedimiento por el hurto del móvil de Dina Bousselham. Un juzgado archivó las acusaciones de acoso y agresión sexual . Las acusaciones eran falsas y Calvente fue absuelto el 29 de julio de 2020. La absolución forjó a un enemigo eterno cuña de la misma madera.

Podemos pretendió destruir a Calvente (Valencia, 1983) y éste se convirtió en la astilla de la misma madera, dispuesto a todo. Calvente les persiguió en lo penal con Neurona y el caso Dina: por lo civil cuestionando los micro-créditos e incluso llevó su despido al Juzgado social 10 de Madrid. Allí obtuvo sentencia  favorable como “despido improcedente”. Le tuvieron que indemnizar (octubre 2020), pero aun quedan astillas pendientes en ese capítulo.

La venganza de José Manuel Calvente por los agravios de sus antes empleadores, fue poner en marcha el caso Neurona y sentarse a escuchar el “Tic. Tac” contra la cúpula del partido morado por supuestos delitos de malversación y administración desleal.

El “caso Neurona” comenzó en julio del 2020 y ha tenido cinco diferentes lineas de trabajo, cuatro de ellas se cerraron por falta de indicios suficientes, como la que acusaba a la cúpula por cobro de sobresueldos. La linea sujeta a investigación – reabierta por decisión de la Audiencia  provincial– tiene que ver con la contratación de la consultora mexicana Neurona.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, apreció indicios de delito tras examinar los gastos electorales. Y el magistrado comenzó a bucear en un contrato bajo sospecha de Podemos con esta consultora. El juez instructor, Juan José Escalonilla, encomendó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que revisara las cuentas de Podemos, con especial detalle en los fondos usados en las elecciones generales de abril del 2019.

El informe de la UDEF comprobó si los trabajos que Podemos entregó al juzgado como producidos por Neurona, encajan. Una treintena de ellos presentan disparidades en su fecha de creación y/o modificación; problemas de autoría: de contenido o de disconformidad con lo pactado según contrato. Algunos autores son de Podemos y no tienen relación con Neurona. En otros,  los metadatos revelan que no eran trabajos relacionados con las elecciones en cuestión.  

Los autos acreditan que, en febrero del 2019 los responsables de Podemos redactaron un borrador de prestación de servicios con Neurona Comunidad, filial española que se constituyó en marzo siguiente. La empresa se comprometía a desarrollar productos audiovisuales y anuncios para los morados por 363.000 euros, con IVA.

La entrega se hizo efectiva, aunque desde el Tribunal de Cuentas se puso la lupa en una serie de incongruencias, pues ni cuadran las fechas de la redacción, la firma y las facturas, ni la constitución ad hoc de la empresa en España que ejecutó, supuestamente, los servicios contratados. Un desfase que llevó al juez a calificar de “simulado” el contrato y que supuso que abriera las sospechas no solo al delito electoral, sino también a la presunta financiación ilegal del partido.

De los 363.000 euros pagados por Podemos, unos 308.000 viajaron a México a una empresa llamada Creative Advice Interactive, subcontratada para la prestación efectiva de los trabajos. Algo del todo insólito.

En los 10 meses de causa judicial,  además del contrato con Neurona se investiga la llamada caja de solidaridad. Esta ramificación fue reabierta por la Audiencia de Madrid en febrero y presume el presunto desvío de dinero del fondo, al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. Según Calvente, se utilizaron 50.000 euros de esa caja para pagar a los elegidos de Podemos. La Audiencia expone que Podemos no informó si concedió esa cantidad a #404 Comunicación Popular.

La Audiencia de Madrid, en el mismo auto que mantenía a Podemos como investigado, ya urgió al instructor a que acotase el delito o delitos que cabe imputar a los acusados y evitar así que la causa se prolongue “innecesariamente”.  

Otras de las mezquindades de los  que Iglesias tendrá que defenderse pronto es la investigación en el mismo juzgado a propósito de si cobraba las costas de procedimientos judiciales en los que fue defendido por letrados del partido.

El móvil de Dina

Para comprender la inquina insaciable de Calvente a Podemos, hay que transitar por la revueltas aguas del caso Dina.  Y eso exige una reflexión previa: el caso Dina vale por lo que nos ha permitido saber, más que por lo que pueda derivar en el ámbito penal. Especialmente cuando la principal perjudicada, Dina Bousselham, no quiere denunciar a Iglesias por haber retenido, sin consentimiento la tarjeta de su móvil y/o por habérsela entregado inservible.

Hemos sabido que la joven de origen marroquí, Dina Bousselham “fue muchísimo tiempo, mi secretaria en el Parlamento europeo”, según  admitió Iglesias a preguntas del instructor en la Audiencia Nacional. También que estaba en un grupo de amigos personales de Iglesias, es decir junto a la cúpula del partido. Y también aprendimos que la joven cobró de fuentes oficiales marroquíes para divulgar los avances del feminismo marroquí en Madrid. Tenía veintipocos años y su contratación –como experta de panel– parecía un poco extraña. Sin embargo encaja con que el padre de Dina trabaje en el aparato de seguridad del Rey de Marruecos. De hecho, en Podemos hay algunos dirigentes escandalizados por el giro de la formación morada respecto a la causa del Frente Polisario y atribuyen el cambio de alianzas a la influencia de Dina Bousselham.

El propio Iglesias explicó ante el juez que “durante 2015, es verdad que nos atribuyeron una relación”. La joven y su posterior pareja (“Ricardo, un compañero del partido”, según Iglesias) denunciaron el robo del móvil de Dina en un centro comercial de Alcorcón. El juez que interrogó a Iglesias le explica que el móvil fue hallado en casa del comisario de policía, José Manuel Villarejo en registros relacionados con otros casos. Iglesias declaró que el presidente de Grupo Zeta, Antonio Asensio Mosbach, le citó personalmente en su oficina para ver juntos el contenido de una tarjeta SIM  porque pensó que contenían “fotos íntimas de tu pareja”, según le dijo Asensio (20 enero de 2016). Las vieron en el despacho del editor, Iglesias afirma que le aclaró que la de las fotos no era su pareja. Sin embargo, muy solidario, Asensio le entregó la tarjeta a él y no a su legítima propietaria ¿Había fotos de Iglesias también en esa intimidad asaltada? El líder de Podemos se quedó la tarjeta. Pasó cerca de un año hasta que Iglesias se la devolvió a su propietaria. Se la devolvió, pero inutilizada. Dina y su pareja, Ricardo, acudieron a una firma top en el Reino Unido para recuperar los contenidos. Iglesias justifica haberse quedado la tarjeta casi un año “por proteger a la chica”.

La explicación judicial de Iglesias nos lleva a que supo que la tarjeta estaba siendo utilizada contra él porque aparecieron fotos y un mensaje suyo “una broma muy desagradable”, dijo al juez. Se refería a  cuando –en tono machuno– dijo que le gustaría “azotar, hasta hacerla sangrar” a la periodista Mariló Montero. Dina guardó ese mensaje privado y, tiempo después, apareció en los medios. También apareció alguna foto de las que Dina guardaba en su móvil, aunque es muy conocido que las fotos más comprometedoras de las andenazas de Dina no han salido a la luz..

Peripecia de los fiscales

La Inspección Fiscal investigó las actuaciones de los fiscales Ignacio Stampa  y Miguel Serrano fiscales del caso Tándem, sobre las andanzas el ex comisario Villarejo, por supuestas filtraciones  de los fiscales en un caso secreto, incluso antes de la apertura de la investigación del juez Manuel García-Castellón a propósito del supuesto robo del móvil a una de las colaboradoras  del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Los fiscales colaboraron con la acusación de Podemos, orientaron las diligencias que pedían los abogados de Podemos, con Marta Flor al frente. Esta abogada  presumía dentro de la formación morada de su “relación” con Stampa. El testigo de cargo José Manuel Calvente se opuso  -como letrado en Podemos- a los manejos de Marta Flor con el fiscal y la apartó del caso contra Villarejo. Eso marcó su desgracia.

Los fiscales adscritos mantuvieron reuniones con los abogados de Podemos para concertar con ellos como favorecer a Podemos. Stampa y Serrano les recomendaban estrategias para lograr el avance de sus propuestas. Ejemplo, hacer que le entraran «por los ojos» al instructor (sic) y  que se difundieran «fortuitamente» a los medios de comunicación. Entre los mensajes de los abogados a  la cúpula de Podemos se alardea de que los fiscales les sugerían retoques a sus escritos  para colar al juez «con mantequilla» (sic) sus tesis. Los letrados podemitas pedían a los fiscales que fueran suaves con Baltasar Garzón. Este episodio le costó a Stampa ser apartado de la Fiscalía de élite.

Tras  la “peripecia con los fiscales” el juez del caso cambió, el tan solícito con Iglesias (le proponía ejercer como perjudicado) acabó por negarle el papel de víctima y por pedir que le investiguen en el Supremo por presuntos delitos de daños informáticos, descubrimiento de secretos, denuncia falsa y simulación de delito.  Lo más probable es que todo ello decaiga ya que Dina Bousselham, amiga y secretaria, tiene manifestado que no actuará contra el líder de Podemos. A sus 30 años es directora de La Última hora, medio digital financiado por los morados.

Lo importante es que el juez se dio cuenta de la maniobra de presentarse como víctimas y utilizar mediáticamente a la justicia, siendo que usurpar la tarjeta de Dina es un procedimiento delictivo, lo haga Iglesias o el ex comisario Villarejo.

Casos graves

Las pulsiones violentas de Unidas Podemos y su gente les darán muchos disgustos en los Tribunales. Algunas son anteriores a su paso por la política otras como las agresiones a los de Vox en Vallecas o Navalcarnero, son rabiosamente recientes.

Como siempre hay que contextualizar este rasgo de Podemos con lo que inspira su “líder carismático”. “ Tengo que reconocer que me ha emocionado, cuando veo que unos jóvenes manifestantes agreden a unos antidisturbios, porque se la estaban jugando. No es agradable ver agresiones… pero es que la rabia crece entre la gente, hasta el punto de jugarse la integridad física, atreviéndose con un funcionario público, entrenado y que lleva un arma de fuego, un casco… Algo está pasando en la sociedad” (Iglesias en La Tuerka, 28 septiembre de 2012). De ahí venimos…

En breve, el Supremo tendrá que decidir el futuro de Alberto Rodríguez, actual miembro de la Mesa del Congreso que se abrazó a la inmunidad del cargo, que rechaza Podemos para evitar ser juzgado en Canarias por haber pateado a un policía nacional (ver articulo en este mismo medio). El odiado aforamiento fue lo primero a lo que el rastas canario echó mano una vez fue elegido diputado.

El otro asunto afecta a la hasta ahora portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra. Al ser aforada, su caso fue visto en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid  (TSJC), contrariamente a lo que predican los morados. El TSJM la condenó a un año y siete meses de prisión un delito de atentado  al considerarla culpable de haber insultado, empujado y tratado de agredir arrojando objetos  a policías  que actuaban en un desahucio en el barrio de Lavapiés de Madrid (2014).  Su mayor crueldad fue con una mujer agente de la policía municipal a la que llamó:  “puta, zorra, cocainomana, hija de puta” y le reprochó: “que te follas a todos los policías municipales” un comentario como poco machista, si hubiera salido de la boca de un político del PP.

En fin, una conducta impropia de una diputada de la Asamblea de Madrid  Isa Serra fue también condenada  por un delito leve de lesiones a una multa de 1.200 euros y por un delito de daños a otra multa de 1.200 euros. También deberá indemnizar a dos policías con abonos de 4.850 y 400 euros, respectivamente (sentencia número 66/2020 TSJM). Isa Serra recurrió la sentencia al Supremo (agosto 2020) y si éste la confirma, será inhabilitada para cargo público una buena temporada.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique y el secretario de Comunicación de los morados, Juanma Del Olmo. fueron condenados por intromisión en el honor de un hombre. Se les impuso el deber de retractarse  y una condena de 80.000 euros como indemnización a los reclamantes. Todo arranca cuando, en una rueda de prensa en 2019, al hacerse público que la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, había sido condenada, junto a otras dos personas, por el asesinato de Manuel López (septiembre de 1985). Echenique y del Olmo sostuvieron que el móvil del crimen fue una  violación de Baeza, cometida por Manuel López. La familia del fallecido les llevó a los tribunales y obtuvo su condena porque ese delito no quedó probado y causaba daños morales a alguien que no se podía defender.

Sin embargo, la pelea judicial más tóxica para el prestigio de Echenique tuvo lugar después de que un Juzgado de lo Social de Zaragoza  le condenara por la contratación ilegal de un asistente, tras demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social que tuvo conocimiento de una relación laboral especial por cuenta ajena entre Echenique y ese trabajador, llamado “Eduardo”. El problema coleaba desde 2016, pero el rosarino no lo resolvía. Esto es no le compensaba para zanjar el problema. El portavoz en el Congreso decidió, en octubre de 2020, desistir de un recurso de casación ante el Supremo. Por lo tanto, quedaba condenado en firme a pagar 11.040 euros por la contratación irregular del asistente doméstico (10.000 de multa y 1.040 de intereses). El asunto judicial planteaba una relación del portavoz con un empleado de hogar, digna de un marqués casposo.

En parecido orden de cosas, Jesús Santos es el líder de Podemos en Madrid y ocupaba el número seis de la lista de Iglesias al “4-M” madrileño, acumula –en un año-  tres condenas por “despido improcedente” en la empresa pública de Servicios Municipales de Alcorcón (ESMASA) que preside como segundo teniente de alcalde. Santos ha contratado varias veces a detectives para espiar a los trabajadores discapacitados  cuando están de baja laboral.  Jesús Santos descubrió espiando a una empleada que hacia la compra estando de baja. A otro trabajador, de baja por ciática, le pillaron conduciendo el coche de empresa de su esposa. En total estos despidos improcedentes han costado 174.790 euros a ESMASA, además del reproche de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA) que acusa a Santos de “acosar a los discapacitados”.  Uno de los afectados, R.R.R., afirma que Santos persigue a todos aquellos empleados de ESMASA que no son afines ideológicamente a Podemos.

Por último, la senadora de Podemos por Tarragona Celia Cánovas denunció ante el Juzgado número 42 de Madrid que sus donaciones al partido, unos 25.000 euros fueron inflados para blanquear otras donaciones en lo que considera malversación de los fondos del partido, contrarias al código ético de la formación. Estamos hablando de un presunto método de blanqueo de dinero inconfesable. La senadora entre 2015 y 2019, es abogada y  denunció haber sufrido bullying en la formación por reclamar conocer el destino de sus donaciones. Naturalmente fue purgada.

Defendiendo privilegios

Además de disponer de una unidad de élite de la Guardia Civil apostada en los alrededores del casoplón de Galapagar, sus titulares fueron implacables con los vecinos que acudían allí para mostrar su disconformidad con la gestión de la pandemia que hacía el Gobierno Sánchez-Iglesias. Denunciaron por “acoso sistemático” a dos mujeres que acabaron siendo condenadas en febrero a pagar 2.160 euros de multa (6 euros por día durante 6 meses) por “desobediencia leve” a la Guardia Civil. Se trata de madre e hija, Ascensión (56 años) y Ana Isabel (34) que circulaban en coche se enfrentaron a los agentes y que mantuvieron que “no había cordón policial”. El juzgado sentenciador (Penal núm. 17 de Madrid) absolvió a la hija de haber dado patadas desde el suelo a un agente, tras haber recibido otras varias del agente, cuando se hallaba en el suelo “accidentalmente”. Las condenadas no tenían antecedentes. Ante el tribunal se revisó también que una de ellas diese golpecitos con su móvil en el pecho de un agente de élite.

Días después el juzgado penal 14 de Madrid condenaba a siete meses de prisión a Francisco Zugasti “por insultar y golpear a un agente de la Guardia Civil (delito de atentado sin lesiones) cuando fue detenido por comer un roscón con chocolate, el 30 de diciembre, en la vía pública y frente al chalet de Iglesias y Montero. Zugasti tampoco tenía antecedentes pero se enfrentó a una petición fiscal de un año y 8 meses de cárcel. La denuncia de la pareja gubernamental pedía más pena y no deja de ser paradójico para unos políticos que defendían el escrache como jarabe democrático para líderes del PP o para Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

En noviembre del 2020, el juez de Collado Villalba imponía al ciudadano Miguel Ángel Frontera una orden de alejamiento de al menos 500 metros del chalé, por participar en las caceroladas que allí tenían lugar casi todos los días.

Xavier Horcajo

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Futbol

Laporta, a la sombra de Roures y Florentino

La polémica de la Superliga era el primer test de la era Joan Laporta, y el resultado ha sido una nueva debacle europea para el club azulgrana. Detrás de la fallida escisión promovida por Florentino Pérez subyace el choque entre del capitalismo global emergente (los dueños de los clubes ingleses y las agencias de futbolistas son oligarcas, jeques y fondos de inversión anónimos) y el capitalismo ortodoxo del mundo anglosajón, Los grandes clubes poseen un gran poder simbólico y económico, pero el futbol es un invento inglés y es el primer mundo el que lo gestiona. Algo de lo que los propietarios de los clubes ingleses no habían sido conscientes hasta comprobar la reacción de aficionados, federativos y jugadores.  


El episodio aporta luz sobre el aval de 30 millones de euros concedido por una empresa del magnate de la comunicación Jaume Roures a la nueva directiva azulgrana, un aval que por cierto crea un conflicto de intereses en Laporta a la hora de negociar los derechos televisivos del club. Después de su fracasada aventura en el fútbol francés e investigado por sobornar a miembros de la FIFA, sin duda Roures veía con buenos ojos el plan de Madrid, Juve y Barça. Su apoyo a dos presidentes culés (Bartomeu y Laporta) débiles ante el establishment económico catalán, estaría supeditado a obtener contratos en la Superliga. Gerard Piqué, que en los últimos tiempos ha entrado en el mercado de los derechos televisivos, ha sido el primer gran personaje azulgrana en criticar la Superliga, con el argumento de que el proyecto significaba quitarle «el fútbol es de los aficionados» (todo lo contrario de lo que pensaba en el tenis, donde arrebató a los aficionados locales la Copa Davis y la cambió por un formato más cómodo y sustancioso para los grandes tenistas y patrocinadores). Perdonándole la vida a Laporta por su desliz, el jugador-empresario manifiesta que «ha heredado un club en unas circunstancias económicas muy malas, muy negativas».


Sin embargo, no deja de ser irónico que la primera vez que el Barça podía independizarse de España, su actitud fuera tan cautelosa y supeditase la participación en la Superliga a lo que votasen los socios del club. En el fondo la indecisión de Laporta revela que, a diferencia del independentismo basado en la gestión a largo plazo que encarnaba su rival electoral Víctor Font, Joan Laporta se perfila como un émulo de los Puigdemont, Borràs y otros radicales que se han quedado las llaves de la mansión convergente después de la extraña conversión al talibanismo de Artur Mas y que prodigan los gestos provocativos pero es dudoso que su oposición al Estado ponga en riesgo su estatus personal. Durante la campaña envió mensajes subliminales al secesionismo radical como el estribillo «ho tornarem a fer» de su himno musical y, recíprocamente, por su oficina electoral instalada en la sede social de Moritz, una cerveza producida en Zaragoza pero cuyo márketing abunda en guiños a la causa independentista, desfilaron políticos de Esquerra y Junts per Cat e incluso algún «preso político» para ofrecerle su apoyo a título personal a Laporta. 


Pese al dominio de las técnicas populistas por Laporta, su utilización del club como plataforma política siempre ha generado rechazo en una parte de la masa social del club. Por este motivo, y por la complicada situación económica en un club que ingresa grandes cantidades en taquilla por el turismo, Laporta ya mostró un tono moderado durante esta campaña, como ya hizo en la que le llevó a la presidencia en 2003, cuando logró atraerse a parte del socio nuñista. Aunque asegura que en 2015 ya tenía pensado concurrir a las actuales elecciones, se mantuvo alejado de los focos durante un tiempo y, consciente de que los socios anteponen el balance deportivo a la deuda económica, planificó la carrera presidencial a partir del 2-8 encajado con el Bayern en agosto del año pasado. El Barça ya había encajado otras goleadas europeas, pero esa noche los barcelonistas tomaron conciencia de que su equipo ya no contaba en el concierto internacional (ser competitivo en la liga española no es un baremo fiable dado el bajo nivel actual del Real Madrid). El posterior burofax de Messi, redactado por un agresivo abogado del despacho Cuatrecasas (posteriormente desvinculado del mismo) con poderes otorgados por el clan argentino, no consiguió el objetivo de forzar la salida del jugador, pero fue el certificado de defunción de la etapa Bartomeu.  


Presidente en los años más gloriosos del club azulgrana, cuyo recuerdo invocó presentando como secretario técnico al hijo de Cruyff, Joan Laporta tuvo un breve paso por la política que se frustró, entre otros motivos, porque Artur Mas ocupó el espacio al que él aspiraba (lo que le obligó a pactar con Esquerra en una breve experiencia en la política municipal). En su libro «Un sueño para mis hijos» (Angle Editorial, 2010), defendía aquel salto a la política: «Sé perfectamente que un país no funciona como un club deportivo, lo sé perfectamente, pero hay una serie de valores que sí son aplicables» (p. 130). «Y, por tanto, continuar la lucha desde las plataformas, desde las manifestaciones, sólo derivará en conformismo, en no avanzar» (p. 137). En su favor cabe decir que nunca disfrazó el desafío independentista de retórica asamblearia.  

Laporta es también un personaje controvertido que desde su despacho de abogado no ha dudado en hacer negocios con mafiosos o personajes de dudosa reputación en países donde el equipo de Ronaldinho o Messi era una buena tarjeta de presentación. En plena polémica por las campañas pagadas por Bartomeu para desprestigiar en las redes sociales a opositores a su junta, si gana Laporta será necesario contratar a una empresa que borre de internet las numerosas referencias a sus turbias andanzas comerciales. El último de la fila podría ser otro de sus avalistas, el agresivo empresario del sector de las energías renovables José Elías, cuyo socio Eduard Romeu es directivo del club. 

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Municipal

Sant Cugat, un doctorado en corrupción urbanística

Los historiadores del futuro explicarán con curiosidad que en la Cataluña de comienzos del siglo XXI había unos políticos que planeaban independizarse de España y seguir comerciando con ella, que se mimetizaban socialmente con las elites, pero en sus discursos siempre invocaban al “poble” (“pueblo”), que predicaban austeridad a su electorado y cultivaban la agenda para un día lucrarse en negocios particulares. Estas contradicciones existenciales abundaban entre los cachorros de Convergència Democràtica de Catalunya, el partido que de la mano de Jordi Pujol había gobernado la comunidad autónoma durante más de veinte años. Se habían formado en buenas escuelas de negocios, manejaban con soltura el inglés y aspiraban a dar el salto desde sus comarcas rurales al organigrama de la Generalitat, donde esperaban aplicar la política «bussines friendly» que aprendieron poco antes de que todo estallara.

Sant Cugat del Vallés, una de las  principales ciudades españolas en renta, el edén de la Cataluña ideal soñada por el pujolismo, funcionaba como el laboratorio de estos “millenials” de la política. Era una ciudad casi nueva, que se había conservado pura y decente como una pubilla, sin fábricas ni corrientes migratorias que la desfavorecieran, con la barrera natural del Tibidabo protegiéndola de los males de la gran ciudad. El partido socialista cometió la descortesía de ganar las dos primeras elecciones democráticas pero, como me indica un periodista residente unos años en Sant Cugat, “los socialistas diseñaron una ciudad dormitorio pequeñoburguesa y al verse superados por el éxito, la sirvieron en bandeja a la derecha”. Convergència i Unió accedió a la alcaldía en 1987 y aceleró las recalificaciones del mucho suelo disponible, obtuvo financiación de la Generalitat para grandes equipamientos y captó a numerosas multinacionales ofreciéndoles oficinas a bajo precio y facilidades administrativas. Un aluvión de barceloneses se empadronaron en Sant Cugat atraídos por la calidad de vida y las rápidas comunicaciones con la capital excepto cuando la conocida promotora Núñez y Navarro obtuvo la promesa del ayuntamiento de edificar en el bonito paraje de Torra Negra, lo que fue frenado por la gran resistencia vecinal, el aumento demográfico no fue especialmente traumático.

El alcalde Aymerich era el modelo de convergente que reconciliaba a las clases emergentes con el franquismo sociológico, pero quien diseñaría el Sant Cugat del futuro fue el teniente de alcalde y regidor urbanístico Àngel Llasera Roig. Los hermanos Contreras, unos contratistas que se consideraron estafados en la parcelación que se hizo de los terrenos de Can Mates, supuestamente para favorecer a la química Boehringer, emprendieron una campaña de querellas y denuncias periodísticas contra el ayuntamiento. Lo acusaban de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, permutas inverosímiles y cualquier irregularidad que contemplara el código penal. En su relato, desatendido por la justicia, no faltaba la aparición fugaz de Jordi Pujol Ferrusola como un hombre bueno, pero no desinteresado, que se ofrecía a resolver las diferencias. Los santcugatenses daban palmaditas a los Contreras en privado, hojeaban a hurtadillas sus revistas, los elogiaban por haberse atrevido a desafiar al poder y, naturalmente, seguían votando a Convergència.

Con el cambio de siglo el relevo de Aymerich lo tomó Lluís Recoder, que como alcalde fue un precursor de Artur Mas en su mejor versión, un tecnócrata con sentimientos. Demasiado sólido para la vieja guardia, demasiado tibio para los jóvenes “talibanes” independentistas, apartó a un segundo plano al marrullero Llasera y entregó el cartapacio a Joan Franquesa, propietario de una cantera y por tanto avezado en temas urbanísticos. Se proyectaron nuevos barrios que, al estallar la crisis económica, se convirtieron en barrios fantasma que costaría dinamizar. Como CDC ya no mandaba en la Generalitat y tampoco gestionaba grandes municipios, Sant Cugat devino una especie de escuela de posgrado para los nuevos cuadros convergentes, no sin escepticismo de los fontaneros de la casa. El efímero gerente Jordi Turull, un “aparatchik” de Parets del Vallès con ambiciones algo infundadas, fue apodado por los funcionarios “H2O” por lo insípido de sus aportaciones.

Las investigaciones judiciales apuntan a que otra de las funciones del consistorio era mantener atareados a los constructores, a cambio de donaciones para el partido. En 2006 la empresa municipal Promusa impulsó un bloque de viviendas sociales en Volpelleres, uno de los barrios aún a medio hacer, erigido entre viejas masías agrícolas (en una curiosa reescritura de la historia, el nomenclátor rinde culto a los rabassaires o aparceros locales).  La obra fue ejecutada  por Teysa, la empresa de la familia Sumarroca, históricamente vinculada al pujolismo, y costó 4’65 millones de euros; al poco tiempo Teyco donó 143.800 euros (el 3’09%) a fundaciones convergentes. Pero, cuando en verano de 2017, los agentes e informáticos de la guardia civil se presentaron en las oficinas de la plaza de la Vila para requisar el papeleo del edificio, con las cámaras de televisión convocadas para la ocasión, no sabían que Teyco ni siquiera había ganado el concurso. El ganador había sido Construcciones Bruesa, que quebró y entró en concurso de acreedores, y la obra pasó a Teyco. Extraña forma de favorecer a un amigo, darle de rebote un proyecto, pero el bloque de la plaza de los Rabassaires podía ser revelador del espíritu del urbanismo municipal por otros motivos.

«Yo tuve un local en los bajos del edificio -accede a hablar uno de los pocos empresarios instalados en Volpelleres- y el acabado de los materiales, el mantenimiento, eran pésimos. Teníamos filtraciones y uno que montó un bar tuvo también que irse por problemas de ventilación. Me dijeron que el personal que hizo la obra, de Pakistán y otros países, era poco cualificado». La fachada pobre y grisácea, digna del realismo socialista, sorprende en un barrio que se pretende residencial de alto standing, y contrasta con las complejas estructuras de hormigón y las hileras de pinos y cipreses derrochados en la cercana carretera de circunvalación que conecta el barrio con la nada. «Da la sensación de que sabían que al retirarse Pujol perderían el poder y que pidieron dinero a la Generalitat para gastarlo porque sí -comenta otro comerciante de la zona-. Esa circunvalación fue un simulacro. Se suponía que su función era descongestionar el tráfico, pero los camiones no pueden pasar por allí. Eran unos terrenos rústicos y, una vez construída la carretera, empezaron a hacer pasos, bordillos y viviendas”.

Puede obtenerse una fotografía rápida del despilfarro, por no decir mala praxis, del urbanismo de la etapa Recoder, poniendo el objetivo sobre las instalaciones deportivas. La primera instantánea data de la primavera de 2002, cuando el ayuntamiento aprobó construir un pabellón deportivo en la Rambla del Celler. Al poco tiempo de adjudicarse las obras a Ferrovial, el icono de la corrupción Félix Millet escribió a un directivo de la constructora -según revelaría la instrucción del caso Palau- para reclamar, casi a modo de impuesto revolucionario, el 4% de lo presupuestado. ¿Las obras adjudicadas en Sant Cugat formaban parte del sistema de blanqueo de dinero convergente en el Palau de la Música o en este caso Millet actuaba como un francotirador con las antenas bien orientadas que intentaba sacar tajada de cualquier contratista que trabajase para las administraciones catalanas? El hecho de que uno de los asesores jurídicos del ayuntamiento fuese un sobrino suyo, Francisco Javier Bañó Millet, nos hace inclinarnos por esta segunda opción. “Bañó era un alto funcionario que llevaba contratos laborales y lo fueron apartando por sus chanchullos”, nos comenta una fuente del ayuntamiento. “Pero cuando hace un par de años se jubilaron el secretario general y algún otro cargo, lo repescaron como responsable de los servicios jurídicos y él aprovechó para colar una adjudicación de medio millón de euros a Ramon Grau, el dueño de la revista «Tot Sant Cugat», que más tarde fue revocada”. Al margen de la irregularidad del trámite, el asunto movilizó a la oposición porque Grau había sido socio de Puigdemont y tenía contratada a la mujer de este, Marcela Topor.

La segunda instantánea es de 2008, cuando ya hacía tiempo que el área deportiva era dirigida por Xavier Codina, entonces marido de Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga y actual “consellera” de Presidencia en la órbita de Puigdemont. La construcción de un polideportivo en el barrio de Mirasol fue adjudicada a una UTE (Unión Temporal de Empresas) que encabezaba Construcciones Pai. Así como es difícil establecer la correspondencia entre las numerosas obras adjudicadas a una empresa y el pago de mordidas, en el caso de una UTE resolver la ecuación es más fácil para jueces y fiscales. La obra costaba 4’9 millones y la constructora pagó 134.000 euros (un 2’8%) a las fundaciones convergentes. Para alimentar aún más la polémica, el proyecto, que desde el principio fue considerado desmesurado por la oposición, no pudo llevarse a cabo porque la constructora pasaba por dificultades y paralizó las obras. Un incomprensible error burocrático hizo que Construcciones Pai, poco después extinguida, quedara exenta de pagar al municipio 167.000 euros por incumplimiento de contrato. “Convergència cobró el 3% por una obra en Sant Cugat que no se ejecutó” resumió un titular la edición catalana de “El País”.

Por entonces se había inaugurado una pista de atletismo en un complejo deportivo que, desde 2004, ya venía funcionando en el sector de la Guinardera. El proyecto fue realizado por la empresa de la familia Sumarroca y, aunque esta vez no se detectaron donaciones, la oposición encontró un sobrecoste de 126.000 euros, que el ayuntamiento atribuyó al material empleado para compactar los terrenos. Por más que los informes del Instituto Catalán de Geotécnica no mencionaban la existencia de blandones, el ayuntamiento rechazó, por su coste económico, una propuesta de la CUP para realizar unos sondeos que comprobasen si se habían aplicado tales rellenos. Un empresario del sector de áridos conocedor del terreno, nos asegura que no presentaba problemas de compactación y añade que es posible realizar un sondeo fiable por 3.000 euros. La última instantánea muestra una pista de atletismo que permanece desértica, salvo cuando el club de rugby local juega en el césped central, lo que sugiere dudas sobre la utilidad de la instalación. “El entrenamiento intensivo de atletismo necesita de una pista muy blanda, para evitar riesgos de lesiones. La pista de la Guinardera es demasiado dura, solo sirve para competición. En el Centro de Alto Rendimiento tenemos una pista mucho mejor para entrenar”, comentan en el cercano CAR de Sant Cugat.

La política urbanística del municipio se asentaba sobre arenas movedizas (la trama del 3% aún está siendo investigada y no puede predecirse el desenlace), pero el tándem formado por Recoder y su regidora Mercè Conesa parecía llamado a altas misiones. En 2010 Recoder fue nombrado “conseller” de territorio y sostenibilidad por Artur Mas y traspasó la alcaldía a Conesa. Sin embargo, el fracaso en la privatización de Aigües Ter Llobregat, en un momento en que la Generalitat necesitaba ingresos de forma apremiante, cortaron en seco el ascenso de Recoder; y quienes harían auténtica carrera serían algunos jóvenes del partido. A la sombra de Mercè Conesa velarían armas hasta tres “consellers” del actual gobierno catalán: Jordi Puigneró, Damià Calvet y Àngels Ponsa. Su radicalismo independentista les permitió ganarse la confianza de Puigdemont, lo que también consiguieron otros curiosos personajes ligados a Sant Cugat como Clara Ponsatí, conocida por sus salidas de tono ya en la agrupación local del PDeCAT, o el historiador Josep Lluís Alay, comisario del monasterio de Sant Cugat antes de ser asesor de confianza del ex presidente prófugo.

Dicen que los jóvenes repiten lo que han visto hacer en sus casas. Un aserto válido para los hijos biológicos y, tal vez, para los herederos políticos. Las sombras de corrupción que se extienden sobre Sant Cugat tal vez no deriven en responsabilidades penales, pero son preocupantes porque la ciudad ha sido un banco de pruebas para algunos aspirantes a gobernar en Cataluña. De todas las vocaciones políticas, sin duda la más sólida es la de Damià Calvet, a quien nuestro contacto en el ayuntamiento describe como un “tipo pragmático, arquitecto técnico de formación, con capacidad para asimilar conceptos nuevos y hacerlos suyos. Es un poco duro en el trato, pero cuando se le rebate con argumentos tampoco es para tanto. Su radicalismo identitario es producto de la amistad con Josep Rull, que le precedió como “conseller” de territorio y sostenibilidad mientras Calvet dirigía el Incasol (Instituto catalán del suelo). Es consciente de que no puede disentir de los radicales que ahora dominan en la derecha independentista, porque ya sabemos lo que le pasó a Mercè Conesa, que cuando se enfrentó a Puigdemont tuvo que dejar la política y prefirió la presidencia del puerto de Barcelona. Por lo menos no ha colocado a sus antiguas novias en la “conselleria”, como sí ha hecho Puigneró”. Nuestro interlocutor espera que Calvet pueda desmarcarse discretamente de Puigdemont. Un ramal en la circunvalación de Sant Cugat no le vendría mal.

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Municipal

Corrupciones: Municipal

La descripción, las causas y las consecuencias de la corrupción en la España que emerge en el 1978 están por escribir. Como erradicarla, si es que tal cosa es posible, está por inventar (aunque algunos han aportado algunas ideas estimables). Si miramos hacia atrás la corrupción aparece inseparablemente unida a todos los cambios traumáticos que ha sufrido el España en los últimos 150 años, como de modo bien ameno nos cuenta Preston. Y si miramos aún más atrás, encontramos auténticos maestros en el «arte de la corrupción», como el Duque de Lerma, maestro especialmente reverenciado en el mágico arte de la multiplicación del precio de las tierras al pasarlas de usos rústicos a urbanos. Valladolid debe no poco a este prohombre. Ya entonces se oía aquello de «el rey es para el reino, no el reino para el rey». Y la declaración según la cual «la Soberanía Nacional reside en el Pueblo Español», en cuyas propiedades catárticas quizás llegamos a creer, parece que o no tenía esas propiedades salvíficas o nunca acabo por perfeccionarse en su ejercicio.

Hace casi treinta años, allá por 1994, Javier Pradera, un oráculo de los tiempos, que solo hablaba a través de los editoriales de El País y alguna que otra tribuna firmada -cuando El País interpretaba el destino de España en Europa y en el Mundo- dejó escrito un tratado sobre la corrupción. En ese corto tratado, que no ha sido publicado hasta 2014, Pradera, señala ya como la corrupción lejos de ser «cosa de unos cuantos pillos» está inscrita en el «funcionamiento ordinario» del Estado. Y todo indica que ahí seguimos. ¿Puede alguien señalar algún cambio substancial en el diseño de las instituciones publicas capaz de prevenirla?. La democracia es cara. Una democracia plagada de instituciones corruptas conduce necesariamente a su implosión.

Podemos mirar en cualquier dirección de la «piel de toro». Miremos hoy a Cataluña y preguntémonos, ingenuamente, que ¿fue antes, el independentismo o la corrupción?. «Fer País» parece que nace en origen con el mismo pecado original del Duque de Lerma, aunque cambiemos títulos y personas: «en lloc d’un President per a un Pais, vam tenir un País per un President». Y no es que no hubiera evidencias: «el caso Banca Catalana», fue una de ellas. Lo que hemos visto después es una fuga hacia adelante para preservase de las consecuencias del pecado original. Y lo que vemos ahora mismo, con el caso Voloh, con independencia de a donde lleve, parece profundizar en el mismo desfiladero. Un Estado, lastrado por los mismos problemas de corrupción, fue incapaz de afrontar la «dimensión política», dejando crecer la hidra, hasta el punto de hacer indistinguible el independentismo y la corrupción. Y la hidra puede encontrar terreno fértil en cualquier lugar. Miren, por ejemplo como JOSEP GUIXÀ reconstruye, con precisión arqueológica, la «educación sentimental» en San Cugat del Vallés, para que la corrupción urbanística y la deriva independentista, acaben confluyendo. A partir de ahí solo hay que crear cualquier cosa que lleve el descriptor «… de Cataluña»; que se yo, «Banco de Cataluña», «Gas de Cataluña», «Aguas de Cataluña» y activar la maquinaria del tráfico de influencias entre los que lo dan todo por «Fer País». La definición de economía en esa «escuela sentimental» viene a ser la de Al Jāḥiẓ (Libro de los Avaros) “La base de la economía es que aquello tuyo que se halle en mi mano no pase a la tuya. Si lo que tengo es mío, es de mi propiedad; y si no es mío, yo lo merezco más que aquél que lo puso en mis manos. Quien suelta algo de su poder y se lo da a otro sin necesidad se lo está entregando. Separarse de algo es como donarlo”. Parece que el «Poble de Catalunya i el Poble d’Espanya» son extraordinariamente generosos.

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España: la corrupción no es un destino

La corrupción ha estado presente en la historia de España de los Siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, con algunos cortos períodos, dónde parecía haber desaparecido. Esa «desaparición» seguramente fue un espejismo, pero sin duda ha habido períodos -cortos- donde su prevalencia disminuyó. Su ubicua presencia podría conducirnos a pensar que es fruto de alguna clase de «maldición» o tal vez producto de la cultura católica o mediterránea. Pero afirmar esto no es más que alimentar los prejuicios sin explicar nada, porque por lo demás la corrupción no es, ni mucho menos, predicable solo de España. La corrupción está por todas partes: allí donde hay un Estado y un funcionario que toma decisiones en su nombre, hay una potencial conducta corrupta. La diferencia está en el modo como se previene la emergencia de la conducta corrupta y como se combate cuando ya ha tenido lugar. En la corrupción, como en la medicina, la prevención es mucho más eficaz que la cura, lo que no implica que una vez detectada la enfermedad, no se requiera combatirla.

Pero no todo es corrupción: aunque el buen gobierno es incompatible con la corrupción, el mal gobierno puede existir incluso en ausencia de corrupción.

Muy lejos de lo que habitualmente se podría pensar, la corrupción no está preferentemente asociada a los «actos discrecionales», que podemos encontrar en muchos «organos» del aparato del Estado, sino también a «actos reglados». Porque no hay ningún acto reglado relevante que esté tan reglado como para no permitir discrecionalidad (o apreciación subjetiva de circunstancias). Pensemos por ejemplo en una decisión judicial de asignar la custodia de un hijo a una institución. Ese acto puede ser una decisión honrada y correcta, honrada pero incorrecta, deshonesta pero no corrupta o directamente corrupta. Será directamente corrupta cuando pueda establecerse una conexión «quid pro quo» entre quien toma la decisión de asignar la custodia y la organización a la que se asigna, que recibe prestación pecuniaria publica por esa custodia (de la que participa el decisor). Puede ser deshonesta pero no corrupta (no hay un explicito «quid pro quo») cuando la decisión se toma en función de «criterios ideológicos» (esa «organización es de los nuestros») o «prejuicios» («los pobres no deberían tener hijos»).

Conviene hilar muy fino y estar muy atento a que los razonamientos «ex-post» no resulten del conocido como «efecto Knobe»: si una decisión conduce a un resultado negativo -pongamos por caso el niño en cuestión se suicida- se atribuye intencionalidad dolosa al decisor, pero si el resultado es positivo -el niño en cuestión se gradúa con honores- se atribuye a la «casualidad». El «efecto Knobe» afecta a todo el mundo, incluidos los «jueces profesionales«, lo que es motivo de preocupación.

No todo es corrupción, se requiere el «quid pro quo» y aunque este, casi siempre sea instantáneo y monetario, puede adoptar formas más sofisticadas, con intercambio de favores («crédito») que se reclamará en algún momento futuro. No hay una «bala de plata» para prevenir la corrupción. No es ni una cuestión moral ni de buenas intenciones (de las que se dice, está lleno el «infierno»). Es una cuestión de razón práctica que afecta a todo el ciclo de vida de los agentes (funcionarios) del Estado: selección, incentivos y control. Propuesta de soluciones aisladas, no sometidas a un «test de stress sistémico» suelen conducir a resultados incluso peores a los que pretenden mejorar. Prevenir y combatir la corrupción es «construir» o «reconstruir» el Estado». Incluso el Pope Francisco en Fratelli Tutti, cita cuatro veces la palabra «corrupción», pero lo que es aún más importante, propone una definición de esta tarea de construcción, como la quintaesencia de la caridad o en sus palabras, del amor imperado: «aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea «un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria». Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política». Es difícil expresarlo mejor!.

En general todos los que se han interesado por la corrupción -organizaciones e investigadores- suelen coincidir en que la corrupción tiene costes no solo en la vida de las personas concretas que la sufrimos, sino en la eficiencia económica de la sociedad en su conjunto. Las estimaciones tanto de una como otra magnitud, no son sencillas: en el plano individual uno puede ser victima de la corrupción de un funcionario sin que expresamente se le haya reclamado una «coima» (por ejemplo otro agente ha sobornado al funcionario); en el plano agregado, apenas se puede rozar el impacto con estimaciones de lo que «emerge». Tomar como fuente los «datos judiciales» introduce una fuente de error adicional: la propia eficacia de la institución que genera los datos. Por tanto nos movemos en un terreno lábil, resbaladizo. Una regla bien conocida de la gestión dice que todo lo que no se mide no existe. O por mejor decir, existe pero es imposible actuar sobre ello. Por tanto, el combate contra la corrupción es en primer lugar, un combate por la «defensa de la realidad».

La tentación inmediata es crear una «Oficina» o un «Instituto» o una «Inspección» y declarar «tolerancia cero frente a la corrupción». La otra vía es la transparencia en la toma de decisiones, derivada de la idea de que la «corrupción requiere opacidad». Ambas dos vías son estimables y tienen su recorrido, pero es limitado, sobre todo cuando no se vinculan: tienen más impacto cuando van juntas.

Lo cierto es que en España hay muy pocas «fuentes» fiables sobre la corrupción que sufre el país: apenas los estudios que realiza Transparencia Internacional y QoG para discernir algo de la parte «sumergida» del iceberg de la corrupción y las fuentes «oficiales» para discernir algo de la parte de la corrupción que «flota». Si no recuerdo mal, el ratio en los icebergs es respectivamente 11/1; en la corrupción, que precisamente se sustenta en la inexistencia mecanismos precisos de transparencia, prevención y control, seguramente será superior.

Hay instituciones, como el Consejo de Europa, que con el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha pretendido erigirse en faro de occidente en el combate contra la corrupción, pero el mecanismo que usa en sus informes no es propiamente un mecanismo científico de investigación (ni siquiera académico), sino el de «relator», cuyos «agujeros negros» conocemos bien. Hay otras instituciones que se dedican a «formar» en materia de corrupción. Pero dado que la academia, pese a que el corpus de publicaciones ya empieza a ser considerable, no sabe demasiado sobre como prevenir la corrupción; formar no parece por tanto «evidente». Las voces críticas sobre la eficacia de las políticas de la UE en prevención de la corrupción se alzan, incluso entre quienes durante años «trabajaron» para dar forma a las iniciativas de la UE en materia de corrupción. Incluso ISO ha generado su propia norma: la ISO 37001 (Sistemas de gestión anti-soborno). Las Naciones Unidas han creado «la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción«. Todas esta iniciativas nos indican que un iceberg, de los que no se disuelven con el cambio climático, avanza por los océanos y mares del mundo. Aunque hay que ser prudente, pues alimentar una «buzz word» y crear un «índice» casi nunca es inocente, sobre todo si no anuncia «miel».

Especialmente llamativo de España es la ausencia de «instituciones de la sociedad civil», organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre cuyos objetivos fundacionales esté, precisamente la promoción de la prevención y el combate de la corrupción (Iurodstvo Amicus Curiae viene a llenar ese vacío). Y esta ausencia es precisamente un síntoma de la debilidad de la «sociedad civil», en cuya «proactividad» se basa cualquier estrategia exitosa de combate contra la corrupción.

¿Qué dicen los datos disponibles sobre la prevalencia de la corrupción es España?. En el siguiente post.