La corrupción ha estado presente en la historia de España de los Siglos XIX, XX y lo que llevamos del XXI, con algunos cortos períodos, dónde parecía haber desaparecido. Esa «desaparición» seguramente fue un espejismo, pero sin duda ha habido períodos -cortos- donde su prevalencia disminuyó. Su ubicua presencia podría conducirnos a pensar que es fruto de alguna clase de «maldición» o tal vez producto de la cultura católica o mediterránea. Pero afirmar esto no es más que alimentar los prejuicios sin explicar nada, porque por lo demás la corrupción no es, ni mucho menos, predicable solo de España. La corrupción está por todas partes: allí donde hay un Estado y un funcionario que toma decisiones en su nombre, hay una potencial conducta corrupta. La diferencia está en el modo como se previene la emergencia de la conducta corrupta y como se combate cuando ya ha tenido lugar. En la corrupción, como en la medicina, la prevención es mucho más eficaz que la cura, lo que no implica que una vez detectada la enfermedad, no se requiera combatirla.
Pero no todo es corrupción: aunque el buen gobierno es incompatible con la corrupción, el mal gobierno puede existir incluso en ausencia de corrupción.
Muy lejos de lo que habitualmente se podría pensar, la corrupción no está preferentemente asociada a los «actos discrecionales», que podemos encontrar en muchos «organos» del aparato del Estado, sino también a «actos reglados». Porque no hay ningún acto reglado relevante que esté tan reglado como para no permitir discrecionalidad (o apreciación subjetiva de circunstancias). Pensemos por ejemplo en una decisión judicial de asignar la custodia de un hijo a una institución. Ese acto puede ser una decisión honrada y correcta, honrada pero incorrecta, deshonesta pero no corrupta o directamente corrupta. Será directamente corrupta cuando pueda establecerse una conexión «quid pro quo» entre quien toma la decisión de asignar la custodia y la organización a la que se asigna, que recibe prestación pecuniaria publica por esa custodia (de la que participa el decisor). Puede ser deshonesta pero no corrupta (no hay un explicito «quid pro quo») cuando la decisión se toma en función de «criterios ideológicos» (esa «organización es de los nuestros») o «prejuicios» («los pobres no deberían tener hijos»).
Conviene hilar muy fino y estar muy atento a que los razonamientos «ex-post» no resulten del conocido como «efecto Knobe»: si una decisión conduce a un resultado negativo -pongamos por caso el niño en cuestión se suicida- se atribuye intencionalidad dolosa al decisor, pero si el resultado es positivo -el niño en cuestión se gradúa con honores- se atribuye a la «casualidad». El «efecto Knobe» afecta a todo el mundo, incluidos los «jueces profesionales«, lo que es motivo de preocupación.
No todo es corrupción, se requiere el «quid pro quo» y aunque este, casi siempre sea instantáneo y monetario, puede adoptar formas más sofisticadas, con intercambio de favores («crédito») que se reclamará en algún momento futuro. No hay una «bala de plata» para prevenir la corrupción. No es ni una cuestión moral ni de buenas intenciones (de las que se dice, está lleno el «infierno»). Es una cuestión de razón práctica que afecta a todo el ciclo de vida de los agentes (funcionarios) del Estado: selección, incentivos y control. Propuesta de soluciones aisladas, no sometidas a un «test de stress sistémico» suelen conducir a resultados incluso peores a los que pretenden mejorar. Prevenir y combatir la corrupción es «construir» o «reconstruir» el Estado». Incluso el Pope Francisco en Fratelli Tutti, cita cuatro veces la palabra «corrupción», pero lo que es aún más importante, propone una definición de esta tarea de construcción, como la quintaesencia de la caridad o en sus palabras, del amor imperado: «aquellos actos de la caridad que impulsan a crear instituciones más sanas, regulaciones más justas, estructuras más solidarias. De ahí que sea «un acto de caridad igualmente indispensable el esfuerzo dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria». Es caridad acompañar a una persona que sufre, y también es caridad todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, el político le construye un puente, y eso también es caridad. Si alguien ayuda a otro con comida, el político le crea una fuente de trabajo, y ejercita un modo altísimo de la caridad que ennoblece su acción política». Es difícil expresarlo mejor!.
En general todos los que se han interesado por la corrupción -organizaciones e investigadores- suelen coincidir en que la corrupción tiene costes no solo en la vida de las personas concretas que la sufrimos, sino en la eficiencia económica de la sociedad en su conjunto. Las estimaciones tanto de una como otra magnitud, no son sencillas: en el plano individual uno puede ser victima de la corrupción de un funcionario sin que expresamente se le haya reclamado una «coima» (por ejemplo otro agente ha sobornado al funcionario); en el plano agregado, apenas se puede rozar el impacto con estimaciones de lo que «emerge». Tomar como fuente los «datos judiciales» introduce una fuente de error adicional: la propia eficacia de la institución que genera los datos. Por tanto nos movemos en un terreno lábil, resbaladizo. Una regla bien conocida de la gestión dice que todo lo que no se mide no existe. O por mejor decir, existe pero es imposible actuar sobre ello. Por tanto, el combate contra la corrupción es en primer lugar, un combate por la «defensa de la realidad».
La tentación inmediata es crear una «Oficina» o un «Instituto» o una «Inspección» y declarar «tolerancia cero frente a la corrupción». La otra vía es la transparencia en la toma de decisiones, derivada de la idea de que la «corrupción requiere opacidad». Ambas dos vías son estimables y tienen su recorrido, pero es limitado, sobre todo cuando no se vinculan: tienen más impacto cuando van juntas.
Lo cierto es que en España hay muy pocas «fuentes» fiables sobre la corrupción que sufre el país: apenas los estudios que realiza Transparencia Internacional y QoG para discernir algo de la parte «sumergida» del iceberg de la corrupción y las fuentes «oficiales» para discernir algo de la parte de la corrupción que «flota». Si no recuerdo mal, el ratio en los icebergs es respectivamente 11/1; en la corrupción, que precisamente se sustenta en la inexistencia mecanismos precisos de transparencia, prevención y control, seguramente será superior.
Hay instituciones, como el Consejo de Europa, que con el Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción) ha pretendido erigirse en faro de occidente en el combate contra la corrupción, pero el mecanismo que usa en sus informes no es propiamente un mecanismo científico de investigación (ni siquiera académico), sino el de «relator», cuyos «agujeros negros» conocemos bien. Hay otras instituciones que se dedican a «formar» en materia de corrupción. Pero dado que la academia, pese a que el corpus de publicaciones ya empieza a ser considerable, no sabe demasiado sobre como prevenir la corrupción; formar no parece por tanto «evidente». Las voces críticas sobre la eficacia de las políticas de la UE en prevención de la corrupción se alzan, incluso entre quienes durante años «trabajaron» para dar forma a las iniciativas de la UE en materia de corrupción. Incluso ISO ha generado su propia norma: la ISO 37001 (Sistemas de gestión anti-soborno). Las Naciones Unidas han creado «la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción«. Todas esta iniciativas nos indican que un iceberg, de los que no se disuelven con el cambio climático, avanza por los océanos y mares del mundo. Aunque hay que ser prudente, pues alimentar una «buzz word» y crear un «índice» casi nunca es inocente, sobre todo si no anuncia «miel».
Especialmente llamativo de España es la ausencia de «instituciones de la sociedad civil», organizaciones no gubernamentales (ONGs), entre cuyos objetivos fundacionales esté, precisamente la promoción de la prevención y el combate de la corrupción (Iurodstvo Amicus Curiae viene a llenar ese vacío). Y esta ausencia es precisamente un síntoma de la debilidad de la «sociedad civil», en cuya «proactividad» se basa cualquier estrategia exitosa de combate contra la corrupción.
¿Qué dicen los datos disponibles sobre la prevalencia de la corrupción es España?. En el siguiente post.